No se ha hecho esperar la respuesta del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo, que ha inhabilitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para ocupar este cargo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha ofrecido a primera hora de la tarde de este jueves una declaración institucional en la que ha reivindicado "la obligación legal de respetar" la condena, pero "la obligación moral de decir públicamente que no la compartimos". El ministro socialista también ha anunciado que "en los próximos días" se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de la persona que deberá sustituirle en el cargo.

Cuando apenas hacía tres cuartos de hora que desde el Supremo se había anunciado la decisión de inhabilitar al fiscal general, el Gobierno ha emitido un comunicado en el que reconocía públicamente el trabajo de García Ortiz, "en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado". Y más tarde Bolaños le ha puesto voz. Pero el ministro ha añadido que "la discrepancia con esta sentencia no puede comportar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia". "España es un estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial", ha señalado.

El socialista también ha aplaudido a aquellas personas que hacen una defensa de "la información veraz; tanto los que lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como los que lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales". "Este Gobierno defenderá siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías", ha añadido. 

El fiscal general, inhabilitado dos años

La Sala II del Supremo ha condenado a García Ortiz a una inhabilitación de dos años para el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos y a una multa de 7.500 euros. Además, le ha condenado a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por daños morales. La decisión ha contado con dos votos particulares, de las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo.

El ejecutivo de Pedro Sánchez han avanzado que el sustituto o sustituta de García Ortiz "será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho".

"Me morderé la lengua"

Aparte de este posicionamiento, comunicado por fuentes del gobierno, la Moncloa ha evitado de entrada valorar públicamente la sentencia. De hecho, hasta media tarde el único ministro que se había pronunciado había sido el de Transformación Digital y De la Función Pública, Óscar López, y lo ha hecho para confesar que prefería "morderse la lengua" para no explicar lo que piensa de esta decisión. "Seré prudente", afirmó a los periodistas que le preguntaron al respecto en la feria Metafuturo, donde aseguró que quería leer la sentencia antes de hacer ninguna valoración.

Tampoco ha habido una respuesta pública del PSOE, pero sí de sus socios de gobierno, Sumar. La líder de Sumar, Lara Hernández, ha  asegurado que la condena a dos años de inhabilitación contra el fiscal general estaba escrita desde "mucho antes de empezar el proceso" y la ha enmarcado en la ofensiva de la derecha contra el gobierno y en el llamamiento que pronunció José María Aznar a finales de 2023 quien pueda hacer, que haga, cuando se posicionó contra la ley de amnistía. 

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha achacado la condena al fiscal general en lawfare y a una demostración de que, 50 años después, "el franquismo sigue vivo".