La nueva delegada del gobierno español para la Violencia de Género, Victoria Rosell (Podemos), ha planteado la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española en Murcia ante una desobediencia del gobierno autonómico derivada de la implantación del pin o veto parental impuesto por Vox con la intención de que los padres puedan vetar determinadas actividades escolares.
En declaraciones a la SER, Rosell ha asegurado que “hay cauces jurídicos que no tienen por qué ser judiciales y pueden ser administrativos”, entre los cuales, “incluso el 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables”. En este sentido, Rosell ha apuntado que en Murcia se podría seguir un “camino similar al de Catalunya, la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico".
El llamado pin parental es una propuesta de la formación de extrema derecha Vox desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y está relacionado con el tema de la educación afectivo-sexual en las aulas. En la práctica es un papel que permite que los padres puedan decidir vetar las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en las escuelas. El objetivo no otro que el hecho que los padres de los niños y niñas decidan si sus hijos deben ir o no a estas actividades. Y está dirigido, mayoritariamente, a charlas contra la homofobia, la bifobia y la transfobia.
Ahora, Vox ha hecho valer su capacidad de influir en el gobierno de Murcia para imponer la aplicación de esta controvertida medida.