A medida que se agota el plazo de 48 horas para que la Justicia alemana decida la extradición de Carles Puigdemont, en la Moncloa afirmaban que el delito de Alta Traición —comprendido en el Código Penal alemán— sería "equivalente" al de rebelión, por el cual es procesado parte del Govern destituido con el 155. Por eso, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha recordado que entre países de la Unión Europea no era posible el asilo, sino que "por norma general" se tenía que hacer la "entrega" de la persona, "sin intervención de los gobiernos", si el delito era equivalente.

"Saltarse la ley y atacar los cimientos de un estado miembro no sólo se castiga en España", indicó el portavoz. Este ha leído el artículo de la legislación alemana, donde ha resaltado el hecho de "separar una región" del conjunto del territorio. "No se trata sólo de una cuestión española, es también atentar contra la UE", ha zanjado De Vigo. Asimismo, ha recordado que las penas en el país germánico no son inferiores por el delito de Alta Traición a los diez años, y puede llegar a la cadena perpetua, incluso. En el Estado español la rebelión se castiga con 25 años de prisión.

La cuestión es que el ejecutivo trata de quitar hierro al hecho de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya admitido a trámite la demanda del cabeza de lista de Junts per Catalunya por "vulneración" de derechos políticos. "Es un comité, no un órgano jurisdiccional. Ahora se hará una comunicación a España, y el Estado tiene seis meses para responder", ha expuesto, insistiendo sobre la situación de "huido" de la Justicia de Puigdemont, como argumento en contra.

Así las cosas, desde el Gobierno esperan que el efecto disuasorio de los tribunales impida que el pleno del Parlament de este miércoles —para avalar el derecho a ser investido de Puigdemont, Jordi Turull y Jordi Sànchez— se convierta en desobediencia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la imposibilidad de una investidura telemática o delegada. "Respetamos la soberanía parlamentaria, pero esperamos que sea un pleno en positivo y no haya una insistencia en errores. Saben las consecuencias políticas y jurídicas", ha añadido el ministro.

Ante ese escenario, desde la Moncloa confían en que la "nueva situación", ahora que corren los plazos para nuevas elecciones, tras la investidura fallida de Turull, pueda hacer cambiar el escenario político. De Vigo, sin embargo, ha abogado por un president sin causas judiciales y que lo sea de "todos los catalanes", una vez se presentó un candidato que "no reunió los apoyos" por el rechazo de la CUP al voto positivo.

Y sobre los disturbios por la detención de Puigdemont en Alemania, el Ejecutivo abundaba sobre que "no favorece a la imagen de Catalunya y es negativo para los propio catalanes" el hecho de perturbar la paz social", después de que el titular del Interior Juan Ignacio Zoido hablas de "carácter de mayor violencia" en las calles —cuando los altercados fueron muy minoritarios—.

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