Una semana después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno proyecta en el horizonte el anhelo de que las elecciones del 21 de diciembre supongan la oportunidad para poner fin al proceso independentista y sus efectos. "Que termine", era el clamor de Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, sobre la ruptura con la legalidad constitucional y los presuntos agravios económicos originados por el Govern cesado. El portavoz celebraba incluso la voluntad de las formaciones ERC, PDeCAT y CUP de participar en los comicios, pero huía de pronunciarse sobre las implicaciones de una nueva victoria de la hoja soberanista, aunque afirmaba de forma contradictoria que el resultado "se respetaría".

"Queremos estabilidad y normalidad para Catalunya, como también para el resto de España. Un incremento de la prosperidad y el bienestar", se deshacía De Vigo ante la multitud de preguntas de los periodistas sobre si el encarcelamiento de los siete consellers y el vicepresident Oriol Junqueras este jueves podría favorecer la unión del espectro soberanista, en oposición a las candidaturas del frente Partido Popular, PSC y Ciutadans. El portavoz buscaba así hacer equilibrios por la decisión judicial, insistiendo en que no era responsabilidad de Mariano Rajoy lo ocurrido, pues España es un Estado democrático y de derecho.

En contraposición, el ministro reiteraba que su obligación era poner las urnas para garantizar unas elecciones "universales, libres y secretas", motivo por el que el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación presupuestaría, traducida en un incremento de 17 millones de euros –según fuentes de Hacienda– para financiar la logística electoral del 21-D mediante las cuentas catalanas. "De unas elecciones sin, ahora tendremos unas con", decía sobre el censo oficial, las urnas, el servicio postal, entre otras infraestructuras, a la vez que celebraba que las candidaturas independentistas "hicieran sus ofertas" a la sociedad catalana.

La cuestión es que De Vigo reconocía que la "última palabra" la tendrían los ciudadanos y asumía al mismo tiempo que Rajoy "respetaría" el resultado del 21-D, aunque este pudiera estar influido por el encarcelamiento de los representantes electos el 27 de septiembre de 2015 –es decir, que no se preveía nueva intervención. "Las consecuencias las ignoro, pero el Gobierno será respetuoso con ellas", decía, después de insistir en varias ocasiones que "se acataba" el auto de la jueza Carmen Lamela, como en toda "democracia madura", porque estimaría "la comisión de un presunto delito" por parte del Govern.

Así las cosas, el Ejecutivo contempla de forma implícita la estrategia que podrían seguir las candidaturas del independentismo. Por un lado, recordaba el ministro que la situación de encarcelamiento no impide de ejercer el sufragio pasivo "mientras que no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación". Pero ante el posible agravio comparativo con el bloque constitucionalista, se refugiaba que el 155 había sido aplicado con un amplio apoyo de PP, PSOE y Cs y se estaba desarrollando con "normalidad", por lo que quedaba en manos de los ciudadanos la "valorar todos estos años de proceso" y sus efectos.