El Gobierno rebaja el tono y a cinco días de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría considerara "proporcionado y proporcional" el operativo del referéndum, y el presidente Mariano Rajoy volviera la cara ante los más de 800 heridos con un "hemos hecho lo que teníamos que hacer", la Moncloa avala ahora las disculpas del delegado del Gobierno Enric Millo, quien pedía perdón este viernes por los golpes a centenares de catalanes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Es con el intento de perdón de fondo que el Ejecutivo exige a la Generalitat que abandone la DUI, para abrirse a un diálogo inconcreto.

"Es el delegado del Gobierno de la Nación en Catalunya, de manera que lo que ha dicho, aunque no lo he oído, bien dicho estará. El operativo iba dirigido a retirar las urnas, pero si hubo personas perjudicadas, todos lo sentimos mucho", ha dicho el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así y todo, De Vigo se había deshecho previamente en afirmaciones incrédulas sobre si realmente la cantidad de heridos fue la que los medios publicaron, y aseguraba que sólo se conocía una persona hospitalizada por el 1-O.

Sin embargo, Rajoy no está dispuesto a la negociación sobre la independencia, que le insinuaba el president de la Generalitat Carles Puigdemont, hasta que no se restablezca "el orden constitucional". Aquí De Vigo ha dado apoyo a las palabras del rey Felipe VI, valorando "muy positivo" el discurso donde instaba a preservar la Constitución. Si bien, el representante gubernamental no se ha querido posicionar sobre el 155 o las palabras del expresidente José María Aznar instando a Rajoy a parar la DUI o convocar elecciones, sino que se ha vuelto culpando a Puigdemont.

De ese modo, De Vigo ha respondido que era el Govern quien tenía que volver a la legalidad", como prerrequisito para el diálogo y como forma de "cerrar la brecha de la confrontación", que a su parecer se abrió en el Parlament desde los días 6 y 7 de septiembre –durante los plenos en que se aprobaron las leyes de referéndum y transitoriedad silenciando a la oposición. "Una vez se vuelva a la legalidad se puede hablar en el Parlament y fuera de él", decía De Vigo sin vetar esta vez como interlocutores a Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras, como sí se hizo hace unas semanas.

La cuestión es que, según fuentes de la Moncloa, eso no sólo pasaría por renunciar a la DUI, sino en dejar de lado las leyes de desconexión. El mismo De Vigo ha insistido varias veces en que eso empezaba por la cámara catalana. A la sazón, el ejecutivo se ampara en editoriales de varios medios de comunicación –sin citar cuáles– que le darían la razón, así como las palabras de los portavoces de la Unión Europea –que además de denunciar la violencia insistían en el orden constitucional– y también en el apoyo que recibe el Partido Popular por parte de PSOE y Ciudadanos.

Así las cosas, el primer gesto de diálogo de Rajoy ya se ha hecho con el tejido empresarial asentado en Catalunya, a instancias del cual el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto –anunciado el jueves– para agilizar la huida de empresas catalanas. El ministro de economía Luis de Guindos ha dicho que era fruto de la "irresponsabilidad" de la Generalitat, no de las compañías. De Guindos ha asegurado que la medida habría sido consultada también al equipo de Pedro Sánchez y Albert Rivera y se ha mostrado satisfecho en un momento en que una DUI "genera alarma e incertidumbre y es lo peor que puede haber en el mundo empresarial", decía.