El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, dispara contra la ley de amnistía a costa del conflicto entre Israel y Palestina. El consejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha enviado este viernes una carta a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) después de que esta organización, que agrupa 50 universidades públicas y 25 privadas de todo el Estado, se mostraran dispuestas a suspender su colaboración con Israel ante la situación en la Franja de Gaza. En la misiva, Viciana expresa su “sorpresa” por el “interés selectivo” de la CRUE y verbaliza la “extrañeza” por el hecho de que las universidades españolas “no se manifestaran recientemente ante asuntos que les resultan mucho más cercanos y que le pudieran resultar más comprometidos”. Y alude, directamente, a las “amenazas al Estado de derecho y la separación de poderes en España a raíz de la ley de amnistía”, cuando “tantas instituciones, asociaciones profesionales y cuerpos de funcionarios” emitieron comunicados de “compromiso con la Constitución y la igualdad de los españoles ante la ley”.

 

Sobre el comunicado que compartió ayer la CRUE, considera que “amenazar” con “suspender los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado su firme compromiso con la paz”, como reza el posicionamiento de los rectores, es una “quiebra de la seguridad jurídica”, un “acto de censura”, un “control ideológico”, una “falta de humanidad” y “excede con mucho sus competencias y lo que la razón aconseja y el Derecho permite”. Además, también esgrime que “atenta contra la libertad de expresión y conciencia”, porque “las ideas políticas de los científicos e investigadores no deberían ser parte de dichos acuerdos, ni se les puede obligar a pronunciarse”, y añade que “este tipo de firmas forzadas recuerdan demasiado a regímenes dictatoriales”. “No es justo ni proporcional exigir a nadie que vaya contra su propio país cuando está en guerra”, añade la carta. “¿Se hizo con las instituciones académicas e investigadoras palestinas a raíz de los atentados de Hamás?”, se pregunta Vicina, y él mismo replica que “no figuraba tal cosa en los comunicados que publicó la CRUE a raíz de tales atentados”.

El escrito continúa. Y considera que esta “amenaza” va “contra los derechos laborales de los investigadores, docentes y trabajadores de dichas instituciones”, ya que su trabajo y salario se ven “amenazados por razones ideológicas que, para colmo, no están en su mano porque van en bloque”. “Es inconstitucional privar a alguien de su salario, de una subvención o negarle un convenio por razones ideológicas, y menos de forma sobrevenida”, concluye.

La carta acaba con el compromiso de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de “respetar todos los acuerdos firmados por la Comunidad de Madrid” y, a la vez, “amparar a los docentes, investigadores y personal laboral de instituciones académicas israelíes que se vean afectados” por las medidas anunciadas por la CRUE.

Los rectores reivindican las protestas en los campus

En su comunicado, la CRUE también expresaba el “pesar por los gravísimos acontecimientos que en estos momentos se están produciendo en la Franja de Gaza” y exigía el “cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como cualquiera acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamás”. “Hagamos nuestro el sentir de nuestros campus y la reivindicación que se está extendiendo desde ellos para que, desde diferentes instancias, se adopten medidas que pongan freno a la escalada de violencia que se está produciendo”, añadía.

En el escrito, que llegó al día siguiente de que el claustro de la Universitat de Barcelona aprobara una moción donde instaba a los órganos de gobierno de la universidad a romper relaciones institucionales y académicas con Israel, la CRUE también suscribía tres compromisos. En primer lugar, “intensificar” la cooperación con “el sistema científico y de educación superior palestino”. En segundo lugar, ampliar los programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada. Y, en tercer lugar, velar para que, “en el ejercicio de la libre expresión”, no se produzcan “conductas de antisemitismo o islamofobia, así como cualquier otro comportamiento de odio”.