El "sí es sí" sigue avanzando, a pesar de los obstáculos. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de garantía de la libertad sexual, en el que ha trabajado a la ministra Irene Montero desde el inicio de la legislatura de la mano de otros ministerios. El nuevo texto llega después de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, el primero especialmente crítico con la norma. De hecho, ya hace más de un año que el ejecutivo central aprobó el anteproyecto. Ahora incluirá una nueva definición del consentimiento, "en positivo". Ahora tendrá que seguir su trámite en el Congreso de los Diputados y el Senado.
Según el proyecto de ley aprobado, "sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Se trata de una fórmula en la línea del convenio de Estambul y que ya han adoptado otros países del entorno, como el Reino Unido o Suecia.
Más allá del nueve redactado del consentimiento sexual, la norma mantiene otro elemento central: el fin de la distinción entre el abuso y la agresión sexuales. Según el Ministerio de Igualdad, "todo acto sexual sin consentimiento será agresión", y, por lo tanto, "se eliminarán" los abusos sexuales del Código Penal. Todo será violación i habrá agravantes, por ejemplo cuando se produzca en grupo.
Después del Consejo de Ministros, Irene Montero ha defendido que el "mandato" de la ley es "cumplir con las demandas del movimiento feminista" y que "ninguna mujer se sienta sola". En este sentido, la ministra de Igualdad se ha felicitado de que "hoy avanzamos hacia un país más feminista, hacia una sociedad que de la mano de las instituciones protege los derechos de las mujeres, de las niñas y los niños, y cumple el firme compromiso de erradicar todas y cada una de las formas de la violencia machista". La semana pasada logró llevar al Consejo de Ministros la Ley Trans y LGBTI.
Informe crítico del CGPJ
El informe del Consejo General del Poder Judicial, que se aprobó el pasado febrero, fue muy crítico. Con respecto al consentimiento sexual, el órgano de gobierno de los jueces desmontaba el concepto, asegurando que la definición que se hace "determina un aparente desplazamiento de la carga de prueba". De esta manera, según el informe, es la defensa la que tiene que probar la voluntad expresa de participar en el acto. "De esta manera, se estarían alterando de forma sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia", aseguraba el documento.
Por otra parte, la ley de Irene Montero también acaba con la distinción de abuso sexual y agresión sexual, y todo pasa a ser agresión sexual. El CGPJ también hacía una enmienda a la totalidad. En primer lugar, argumentaba que "puede tener un efecto de desprotección de las víctimas, porque para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias un medio más lesivo que otro de una intensidad menor". En segundo lugar, añadía, "se incurre en el riesgo de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad".