"Hoy estoy súper feliz de cómo están yendo estos días". Así salía Andreu Van den Eynde, el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, hoy del Tribunal Supremo y así ha empezado su declaración a la prensa. Tanto él como Jordi Pina, el abogado de Jordi Sànchez y Josep Rull, no ocultaban la satisfacción de haber cambiado el caso y llevarlo al terreno de los derechos fundamentales y la democracia.

En un momento en que los presos políticos ya no están defendiendo salir de la prisión o no, ahora que ya saben que estarán entre rejas al menos hasta que se haga el juicio, los procesados ya no miden lo que dicen ni esconden sus sentimientos. Las últimas declaraciones en el Tribunal Supremo se han convertido en un altavoz donde reivindicar su sentimiento independentista y donde decirle al juez, cara a cara, qué piensan de su investigación y de cómo se ha mezclado el poder legislativo con el judicial.

No temen consecuencias porque ya las han asumido todas. Algunos de ellos hace 6 meses que están en Estremera y en Soto del Real, y las decisiones que está tomando la justicia europea sobre las extradiciones del Govern en el exilio, sobre todo la justicia alemana, da aire a los procesados.

"Después de seis declaraciones, se está poniendo tanto en contradicción el proceso que el resultado es satisfactorio. Contradicciones que ya saca el propio instructor y que nos llevan a un procedimiento que ya no habla casi de los hechos, sino que habla de política, de democracia y de derechos", decía Van den Eynde a la puerta del Supremo.

Según el abogado, después de las declaraciones de estos últimos dos días las acusaciones —fiscalía, abogacía del Estado y VOX— están incómodas: "Está incomodando que el procedimiento se revele como una causa contra la democracia. Después de seis declaraciones venimos a hablar sólo de eso, de libertad ideológica, de cómo se están tratando los derechos procesales". Ya no se habla de los hechos.

Ingerencias políticas

Ahora se habla de injerencias políticas y el más contundente en este sentido ha sido Josep Rull en su declaración, donde ha puesto como ejemplo a Llarena, para que lo entienda, las declaraciones que ha hecho el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Declaraciones que han suscitado reuniones entre la fiscalía española y europea y declaraciones sobre el curso que tiene que tomar el proceso y que después se acaban cumpliendo.

En este sentido, el abogado Jordi Pina remarca que "puede ser que sea fruto de la causalidad, pero nadie puede negarle el derecho a ponerlo de manifiesto". "Si nos llenamos la boca de la separación de poderes, no es muy favorable para los que están encarcelados, ver que parte del ejecutivo hace declaraciones que después ven que a nivel judicial se van cumpliendo", ha añadido el abogado de Rull y Sànchez.

Pina dice que "ojalá sea un procedimiento justo y que no esté al dictado del gobierno español", pero también remarca que "se están vulnerando los derechos y no hay separación de poderes" y que eso los presos lo ven y ya no callan ante el magistrado.

La evolución del caso se ve tanto en la nueva estrategia de defensa, marcada por la misma voluntad de los presos, y en cómo han ido evolucionando los autos de Pablo Llarena, que cada vez ha ido esgrimiendo más argumentos políticos que basados en los indicios sobre un presunto delito de rebelión que en este caso no está avalado por la violencia que dicta el código penal que tiene que haber.

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