El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha sido designado para supervisar la investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos de suministro de máscaras en Canarias y Baleares, conocido como caso Koldo. La fiscalía europea ha decidido intervenir en este caso, ya que existe la sospecha que en esta trama se podrían haber utilizado fondos europeos para adquirir las mascarillas que reportaron comisiones millonarias a diferentes empresarios relacionados con Koldo García, exnúmero dos del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 y conocido por su papel en el caso Tsunami, ahora se encargará de estas actuaciones después de una designación realizada por el turno de reparto de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía Europea anunció el inicio de una investigación sobre las compras de material sanitario por parte de los Servicios de Salud de las Islas Canarias y Baleares durante la pandemia, con un valor aproximado de 12 millones de euros y 3,7 millones de euros respectivamente. Estas indagaciones se centran en posibles delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en relación con los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, en el marco del caso Koldo.
La investigación se inició después de una denuncia de un particular, y la Fiscalía Europea llevó a cabo varias medidas para verificar su competencia, incluyendo la recopilación de información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central número 2, encargado del caso Koldo, así como de los organismos responsables de gestionar la financiación de la UE. Después de recibir esta información, decidió intervenir en el caso ante la sospecha de que estas mascarillas se hubieran comprado con fondos europeos.
La función del juez de garantías en este caso es puramente testimonial, ya que no implica acceso al procedimiento. Según lo que se establece en el artículo 8 de la ley 9/2021 para la creación de la Fiscalía Europea, el juez de garantías solo interviene en caso de que se busque adoptar medidas restrictivas de los derechos fundamentales, como intervenciones telefónicas o medidas cautelares contra los investigados, o si se presenta algún recurso contra los decretos del fiscal europeo delegado. Además, puede decidir sobre la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. En el contexto español, la Audiencia Nacional es el órgano competente para supervisar las investigaciones de la Fiscalía Europea, designando a un juez de garantías, excepto en casos que involucren aforados, donde la designación recae en los magistrados del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.