El juez Manuel García-Castellón ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial por las críticas que ha recibido por dirigir la investigación del caso Tsunami Democràtic, con el que investiga por terrorismo a Carles Puigdemont en plena negociación para la investidura. Además, García-Castellón ha cargado contra Patrícia Plaja, portavoz de la Generalitat de Catalunya, quien apuntó que a los que les toca impartir justicia, "algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando". Para el magistrado, estas declaraciones de Plaja podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, "susceptible de perseguirse de oficio al imputar abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial", de manera que también se ha dirigido a la Fiscalía para que lo investigue.

No solo Plaja es el blanco de las denuncias de García-Castellón. El juez señala directamente al secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que pudo sugerir que el juez prevaricó al adoptar esta decisión, según informa EFE. El juez García-Castellón sostiene que las declaraciones de Rodríguez han hecho que sienta "perturbación" en su independencia, ya que el secretario de Estado de Justicia es el titular de un "órgano a quien corresponde, entre otras funciones, las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia". Así se recoge en el escrito que el juez del caso Tsunami Democràtic ha remitido al CGPJ, según informa El Mundo.

En concreto, las declaraciones de Rodríguez tuvieron lugar en una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia, donde el número dos de Justicia señaló: "Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...".

Una investigación llena de críticas

García-Castellón ha recibido varias críticas desde el sector judicial y político por cómo está dirigiendo la investigación de Tsunami Democràtic. Sin embargo, uno de los principales escollos que ha afrontado es la negativa de la Fiscalía a seguirle el juego. La Fiscalía considera que no hay suficientes indicios para investigar a Carles Puigdemont o a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por los disturbios del otoño del 2019 atribuidos a Tsunami Democràtic, donde no ve ni un grupo criminal ni carácter terrorista.

Con estos argumentos, el Ministerio Público ha interpuesto ya el recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, donde pide revocar la resolución en la que el juez acordó dirigir la investigación del caso Tsunami por terrorismo contra Puigdemont, Rovira, y otra decena de personas.

 

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