Hay dos episodios que resumen muy bien el estado de ánimo en el Palacio de la Moncloa a la espera de la sentencia del procés. Las dos escenas tienen como protagonistas unas instituciones del Estado que, estando en algunos casos incluso subordinadas al poder ejecutivo, actúan por su propia cuenta. También unos medios de comunicación que actúan como cadena de transmisión. El objetivo es defender su propio Estado, que consideran amenazado por el independentismo. Para hacerlo, si hace falta, están dispuestos a crear problemas en sus propios jefes políticos incendiando el ambiente en Catalunya. A las puertas del veredicto de Manuel Marchena, que tampoco puede controlar, eso es un quebradero de cabeza crónico.

El primer acto tuvo lugar después de la detención de miembros de los CDR, acusados de terrorismo, por la Audiencia Nacional, casualmente donde Marlaska ejerció durante tantos años de juez. La llamada Operación Judas se saldó con siete detenidos en prisión incondicional sin fianza, y dos más en libertad con cargos. En Moncloa les cogió la actuación judicial de imprevisto. Pedro Sánchez, que acababa de aterrizar en Nueva York cuando se producían los registros, no sabía ni cómo valorarlo. No tenían información de su propia policía. La misma policía que horas después regó los diarios de la capital de filtraciones sobre explosivos y goma2.

Según reveló El Mundo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, convocó a los mandos policiales de la Guardia Civil —entre ellos el director general Félix Azón— para reprocharles que no lo habían informado con antelación de la importancia de aquellos registros y detenciones. Les reclamó que, cuando tuviera lugar una nueva operación de estas dimensiones, dispusiera de más información. Desde la Moncloa no desmienten la bronca y admiten que no disponía de toda la información. Se limitan a decir que se exageró el episodio. No es la primera vez que Marlaska se encuentra en esta situación: ya le pasó con la detención de 16 independentistas, entre ellos los alcaldes cuperos de Celrà y Verges, por los cortes de la vía del AVE en Girona. Aquello fue a las puertas del juicio; esto de ahora, a las puertas de la sentencia.

El segundo acto ha tenido lugar esta misma semana, durante la celebración de la patrona de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca. El jefe de la Guardia Civil en Catalunya, Pedro Garrido, decidió, ante las autoridades presentes, pronunciar un encendido discurso político contra el independentismo, relacionando la "revolución de las sonrisas" con el terrorismo y entrando a valorar la inminente sentencia. La dirección política y altos mandos de los Mossos d'Esquadra acabaron abandonando el acto ante el espectáculo que estaban viendo propio de una policía política.

Tanto es así que la delegada del Gobierno Teresa Cunillera tuvo que ir horas más tarde en el complejo Egara de los Mossos a disculparse con la policía catalana, aunque con la boca pequeña y desmintiéndolo públicamente. Internamente, dentro del Ministerio del Interior, también ha habido reproches hacia las palabras "inoportunas" del mando policial. Los socialistas, en privado, admiten que mejor no entrar. Sólo Miquel Iceta ha salido públicamente a censurar el discurso político.

Son sólo dos de una larga lista, todavía con páginas para escribir. El denominador común: la Moncloa controla el gobierno, pero no controla el Estado. Hay instituciones del Estado que cuentan con una agenda propia, incluso cuando cuelgan del ejecutivo, y que torpedean la acción del Consejo de Ministros. Ha sido una constante desde que Sánchez llegó a la Moncloa, especialmente en la cuestión catalana. Por si fuera poco, todo eso ha ido plagado de montañas de filtraciones a mediados de comunicación afines, como este sábado con las condenas a los presos políticos. El poder ejecutivo está en un gabinete de crisis permanente.

Pedro Sánchez ha insistido durante las últimas semanas y días que contempla "todos los escenarios". La realidad es que sólo contempla los que realmente puede controlar.

En el juicio

Que la Moncloa no controla ni las instituciones que podría controlar ya se evidenció durante el juicio. A pesar del relevo al frente de la Fiscalía General del Estado con la progresista Maria José Segarra, el ministerio público acabó manteniendo la acusación por rebelión. La amenaza de una revuelta de los fiscales del Supremo ante una hipotética orden de rebajar la tensión jugó un papel muy importante. Un caso muy parecido pasó con la Abogacía del Estado, que depende directamente del Gobierno. Se personó en la causa sólo por malversación y acabó acusando incluso por sedición.

¿Discurso del Rey?

A pesar de las dudas que tenía Mariano Rajoy, el rey Felipe VI acabó pronunciando un discurso el 3 de octubre del 2017, dos días después del referéndum, señalando a la Moncloa el camino del 155. Si habrá discurso después de la sentencia es hoy por hoy un misterio. Cuando menos es significativo que su agenda está prácticamente vacía el lunes y martes, días en que está previsto que se haga público el veredicto del Tribunal Supremo.