Confesiones múltiples. Este lunes ha arrancado en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares el último juicio de la Gürtel. Y lo ha hecho con la certificación de que los principales líderes de la trama corrupta han confesado los hechos. Así lo ha expuesto la fiscal, que ha detallado que 20 de los 25 acusados han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio una condena menor. Entre ellos, hay Francisco Correa y su mano derecha, Pablo Crespo. También Jacobo Gordon (socio de Alejandro Agag, que es el yerno de José María Aznar), José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel (asesores fiscales) y José Luis Ulibarri (empresario y constructor). “¿Reconoce usted la autoría de los hechos?”, ha preguntado el juez Fernando Andreu al inicio de la declaración. Y la respuesta de Francisco Correa (y la del resto de acusados) ha sido clara: “[Lo] reconozco”. Durante su declaración, a preguntas de la Fiscalía, Correa ha admitido que no ha hecho ninguna declaración tributaria y que no ha pagado ningún impuesto en España.
Esta es la última pieza (la principal) de la macrocausa de corrupción y estudia los supuestos delitos contra la Hacienda Pública que habrían cometido Correa y Crespo para ocultar y blanquear dinero “presuntamente procedente de actividades ilícitas” que se han investigado en las piezas separadas. La Fiscalía Anticorrupción considera que Francisco Correa encabezó entre 1998 y 2009 un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos con la “obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión” y a “ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad”.
Antes de conocerse la conformidad, la Fiscalía Anticorrupción pedía 77 años de prisión para él. Expuso que Francisco Correa y Pablo Crespo armaron una “trama de confección de facturas falsas” con la “triple finalidad” de sobornar a los cargos públicos con fondos opacos para la Hacienda Pública (una caja B), reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades simulando gastos irreales y ocultando ingresos percibidos y encubrir al verdadero titular de los fondos.
El contable de la Gürtel reconoce las “comisiones ilegales” a políticos del PP
Otro de los acusados que ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía ha sido José Luis Izquierdo, conocido por ser el contable de la trama Gürtel. Antes de que arrancara el juicio, según ha contado elDiario.es, ha presentado un escrito ante el tribunal reconociendo los hechos. “Mis trabajos consistían en la contabilización y gestión de fondos en efectivo, anotando su origen y destino, siempre bajo las órdenes del señor Crespo y el señor Correa”, relata. “También contabilicé y registré los fondos cuyo origen eran comisiones ilegales”, añade. Son comisiones que recibían los políticos del Partido Popular. Él “daba instrucciones a los proveedores” para que “modificaran el concepto destino de las facturas, con la finalidad no sólo de ocultar pagos, sino con la de generar la apariencia de gastos deducibles derivados de la actividad económica de la sociedad de eventos”.
“Crearon entramados societarios para conseguir contratos, sobornando a autoridades y funcionarios públicos”
Cuando envió los acusados a juicio, en noviembre de 2020, el juez instructor, José de la Mata, alegó que había quedado acreditado que Francisco Correa percibió cantidades millonarias ocultándolas con una “compleja estructura societaria y financiera” para defraudar al fisco simulando inexistencia de ingresos. Estos fondos no fueron nunca declarados por Correa, que ocultó todos sus ingresos y rentas y no presentó ninguna declaración tributaria desde el año 1999. Cuando puso punto final a la investigación, José de la Mata esgrimió que Correa “constituyó y lideró” un holding empresarial “dedicado principalmente” a la organización de eventos, entre los que “se encontraban gran parte de los que realizaba el Partido Popular”.
“La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, mediante de la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros, previo pago de la correspondiente comisión”, relató el juez. Y subrayó que “crearon entramados societarios para conseguir contratos, sobornando a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública” y “emitieron facturas falsas para opacar los fondos obtenidos”. “Ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita”, apostilló.
Condenas de más de cien años de cárcel para Francisco Correa
Francisco Correa fue detenido en febrero de 2009 en el marco de una investigación que lideró el juez Baltasar Garzón. Estuvo en prisión preventiva tres años y cuatro meses y salió en junio de 2012. Sin embargo, volvió a ingresar en febrero de 2017 para cumplir la sentencia del caso Fitur. En junio de 2023, el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concedió el tercer grado penitenciario, que implica un régimen de semilibertad. Además, tiene fijado en dieciocho años el máximo de tiempo que puede estar en prisión. En total, acumula condenas de más de cien años de prisión:
- 51 años por la primera época (1999-2005) de la Gürtel
- 13 años y 6 meses por la de Gürtel en Boadilla del Monte
- 13 años y 7 meses por la visita del papa Benedicto XVI a València (por la adjudicación ilegal a su grupo empresarial para suministrar las pantallas, el sonido y la megafonía)
- 13 años por los amaños en la contratación del expositor internacional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional del Turismo de 2005 a 2009
- 8 años y 10 meses por las adjudicaciones irregulares de la trama en Arganda del Rey
- 6 años por los contratos con AENA entre 2000 y 2002
- 5 años y 3 meses por la financiación irregular del PP valenciano en las elecciones de 2007 y 2008
- 3 años por los contratos con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Tres condenas al PP por beneficiarse de la trama Gürtel
En los últimos años, ha habido una batería de juicios y sentencias sobre la Gürtel. Y ha habido tres que han acabado con condenas al PP por beneficiarse de la trama. La última fue en abril de 2022 en la pieza relativa al caso de Boadilla del Monte: la sentencia concluyó que entre el PP y las empresas de Francisco Correa hubo una “dinámica de beneficio mutuo” que supuso la “sustitución de la administración por el entramado criminal” y la “financiación irregular” del partido “a través de fondos ilícitos” procedentes de “conductas delictivas”.
La primera, que fue el desencadenante de la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, concluyó que el PP había sido partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la actividad corrupta de la trama en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, de la que se benefició con 245.492,80 euros. La segunda fue la relativa a la reforma de la sede del partido en la calle Génova de Madrid con dinero de la caja B de Luis Bárcenas y el partido fue condenado como responsable civil subsidiario por valor de 123.699 euros.