El expresident de la Generalitat del País Valencià, Francisco Camps, se enfrenta a dos años y medio de prisión y a diez de inhabilitación por delitos de prevaricación y fraude en la adjudicación del montaje de un expositor del Fitur en el marco de la trama Gürtel en 2009. El juicio empezará el lunes que viene en la Audiencia Nacional, después que se haya retrasado una semana por problemas técnicos, por el cual varios exmiembros del PP valenciano, personas involucradas en la empresa Orange Market y beneficiarios de la trama ya han confesado su culpabilidad mediante acuerdos con la Fiscalía, cosa que, de momento, Camps se ha negado a hacer. El líder de la trama, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, la administradora, Isabel Jordán, el gerente de Orange Market, Cándido Herrero, y el responsable de la empresa, Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes', han remitido escritos de reconocimiento de los hechos y se han adherido a las conclusiones planteadas por el ministerio público.
Camps se enfrenta al último juicio por la Gürtel
Casi catorce años después del estallido de este caso de corrupción en el PP, la Audiencia Nacional todavía tiene piezas de la macrocausa para juzgar. La que empieza esta semana llevará de nuevo al banquillo de los acusados al expresidente valenciano (2003-2011) Francisco Camps, después de que la justicia lo absolviera de otras causas relacionadas, como 'la de los trajes'. La Fiscalía considera que participó de manera activa en la contratación de Fitur 2009 a favor de Orange Market, una empresa vinculada a la caja B del PP. La sospecha es que Correa, 'El Bigotes' y Herrero, se concertaron con Camps para que este, como máxima autoridad autonómica, dispusiera de lo necesario para que el contrato del montaje del estand de Grandes Proyectos de Fitur fuera adjudicado directamente a Orange Market.
El expresidente valenciano asegura que es inocente
El expresidente Camps no ha firmado, a diferencia de una decena de acusados, un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, porque mantiene su inocencia. Camps pidió hace meses al tribunal que no tuviera en cuenta las confesiones de estos acusados como un "instrumento incriminatorio" contra él. Lo acusan de dar instrucciones a la exdirectora general de promoción institucional Salvadora Ibars, para que le adjudicaran a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de un expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana por 366.529 euros. Anticorrupción sostiene que las empresas de Gürtel se asentaron en la comunidad en 2003 para "aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció" Camps y "una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos".