La fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado admitir a trámite las querellas que presentó el partido político Vox y la asociación de juristas Movimiento 24DOS contra la jueza belga que admitió la demanda civil contra el magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del proceso soberanista, Pablo Llarena, y también contra el presidente Carles Puigdemont, el abogado de este Gonzalo Boye, los cuatro consellers en el exilio y la traductora de la demanda que presentaron.
De hecho, pide que se archive el caso. Y califica de inverosímil la acusación: "La imputación se presenta ciertamente inverosímil. No se compadece la admisión a trámite de la demanda o la citación al menos del demandado con la acción típica de la «publicación» o «ejecución» en España de órdenes, disposiciones o documentos de un gobierno extranjero, ni todavía en el hipotético caso de que se pudiera entender que con esta acción se atenta contra la independencia o seguridad del Estado".
A lo largo de la argumentación de la Fiscalía, mantiene en todo momento, que no se dan los requisitos ni por la revelión ni por la sedición porque que no habido un levantamiento violento. Hay que decir que se trata del mismo Fiscal que defendió la prisión contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por los mismos delitos y por unos hechos o no hubo violencia. También fue quien pidió la prisión contra los consellers y defendió la querella por revelo·lió contra el Gobierno y parte de los miembros de la Mesa del Parlamento.
La querella de Movimiento 24DOS les atribuía los delitos de prevaricación, usurpación de funciones, falso testimonio y falsedad documental, mientras que Vox denunció por rebelión o sedición, contra la paz e independencia del Estado español, usurpación de funciones y prevaricación.
Después de analizar el contenido de las querellas, el ministerio público estima que la jurisdicción española "no es competente para conocer los hechos" y también considera que "no se presentan los elementos de los delitos indicados".