La fiscalía vuelve a rechazar la libertad de los presos políticos. El ministerio público ha informado negativamente sobre la petición de revisión de la prisión cautelar hecha por Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Carme Forcadell, Joaquim Forn y Dolors Bassa. A opinión del fiscal, no han cambiado las circunstancias que llevaron a los exconsellers y los Jordis a ser privados de libertad. Aprovecha el escrito para cargar contra la decisión de la justicia alemana, que considera una "intromisión".
Esta decisión es especialmente relevante, porque es la primera que adopta la fiscalía en el caso 1-O después del nombramiento de la progresista María José Segarra como nueva fiscal general del Estado. Ha cambiado la jefa, pero no el posicionamiento.
En su escrito, la fiscalía rechaza el argumento sobre el "nuevo contexto social y político" utilizado por las defensas, justificando que "las circunstancias que concurrieron para la adopción de la medida cautelar de prisión provisional de los solicitantes no han variado en absoluto y se mantienen plenamente vigentes". Ante la gravedad de los delitos y la magnitud de las penas, considera "imprescindible" la prisión para garantizar el "normal desarrollo" del proceso.
En este sentido, el ministerio público asegura que sigue existiendo riesgo de fuga y reiteración delictiva, "lo que proporciona una justificación suficiente y razonable de la medida adoptada". Estos riesgos, argumenta, "son manifiestamente perceptibles" en este caso "si valoramos adecuadamente los acontecimientos que se están produciendo relacionados directamente con la causa".
En este punto, el escrito de la fiscalía hace referencia a la existencia de personas "huidas de la acción de la justicia" y la "insistencia en seguir adelante con el proceso de independencia socavando la legalidad constitucional y al margen de las vías legales".
El ministerio público también carga contra la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, que según su opinión no se puede considerar un argumento a tener en cuenta. "El citado órgano judicial ha actuado incumpliendo el marco jurídico europeo que regula la orden europea de detención y entrega", afirma.
"El tribunal alemán ha entrado a examinar cuestiones que afectan al fondo del asunto, y que sólo pueden ser valoradas después de la práctica de las pruebas por el tribunal encargado del enjuiciamiento", critica.