22 años y medio de prisión, 108.000 euros de multa y 24 años de inhabilitación. Es la pena que la Fiscalía Especial Anticorrupción pide para José Manuel Villarejo por el proyecto Saving, un encargo en el cual habría investigado posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa cuando el presidente era Fernando Martín. La Fiscalía acusa al excomisario de la Policía Nacional de los delitos de cohecho pasivo propio, falsedad en documento mercantil y tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros (cuándo era funcionario público). Por su parte, pide 18 años y nueve meses de prisión, 69.000 euros y seis años de inhabilitación para su socio, Rafael Redondo Rodríguez, por los mismos delitos, con la diferencia que él no era funcionario público.
Asimismo, pide que los acusados paguen las costas del juicio e indemnicen por daños y perjuicios los tres espiados con 5.000 euros a cada uno, unas cantidades de las que la Administración General del Estado es responsable civil subsidiario. Adicionalmente, exige el decomiso de los 501.500 euros que recibió Villarejo para la ejecución del llamado proyecto Saving. Además, interesa al archivo de la causa para el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín y avisa de que se ha extinguido la responsabilidad penal de José Moya Sanabria, el cliente de todo, que murió hace dos años.
José Moya Sanabria contactó con Villarejo para resolver el conflicto que tenía con Martinsa-Fadesa
Los hechos se remontan a julio de 2011, cuando José Manuel Villarejo “se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía”. José Moya Sanabria contactó con él a través de terceros con el objetivo de que “lo ayudara a resolver el conflicto que, a cuenta de una inversión que había realizado, mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa y con su presidente”. Según detalla el escrito de acusación del Ministerio Público, en 2007 José Moya había comprado acciones de Martinsa-Fedesa por un importe de más de 100 millones de euros con una cláusula que le permitiría venderlas y que fueran compradas por la compañía. Ahora bien, cuando ejercitó la opción, esta no se pudo hacer efectiva porque Martinsa-Fadesa se había declarado en concurso de acreedores años antes. Eso condujo al conflicto entre José Moya y la empresa.
Cuando José Moya contactó con Villarejo, le encomendó que investigara “posibles irregularidades que sospechaba se habían producido en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa” con el objetivo de utilizar esta información en “una eventual negociación para recuperar la inversión”, según reza el escrito de la Fiscalía. Villarejo asumió el encargo, que bautizó como proyecto Saving, a través del “complejo entramado societario del que era titular, llamado Grupo Cenyt”.
La Fiscalía expone que este proyecto implicó obtener “información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación” con esta inversión y con el procedimiento concursal que afectó a la compañía y plasmarla en diferentes informes. Los espiados fueron el presidente y el director general del banco de inversión Ahorro Corporación y el abogado de José Moya: Villarejo y su socio “se hicieron con sus tráficos de llamadas, tanto entrantes como salientes, del 1 al 18 de noviembre del 2011”. El fiscal apunta que, a través de la empresa de detergentes Persán SA, José Moya abonó a Cenyt, la empresa de Villarejo, un total de 501.500 euros en varias transferencias en las que el excomisario y su socio “manipularon los conceptos de los servicios prestados” para “esconder la naturaleza de la relación comercial”.