La Fiscalía se opone a que se admita a trámite la querella de Carles Vallejo, primer querellante por torturas en la Jefatura de Via Laietana 43 durante el franquismo, aduciendo que los hechos están prescritos y sin hacer ninguna referencia a la nueva Ley de Memoria española (LO 20/2022), que lo permite, aunque después los autores sean amnistiados. Vallejo ratificó el febrero pasado ante la magistrada del juzgado de instrucción 18 de Barcelona la querella contra seis agentes y responsables policiales por haberlo torturado en 1971 y por el delito de lesa humanidad, cuando hacía dos meses de la entrada en vigor de la nueva ley española.
Las entidades Amnistía Internacional, CeAqua e Irídia han anunciado este miércoles que han enviado una carta a Dolores Delgado, nueva fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria, para exigirle que "se posicione con relación a las querellas por crímenes del franquismo". Precisamente, la Fiscalía de Barcelona ha informado a ElNacionnal.cat, este miércoles, que el informe sobre Vallejo se hizo antes del nombramiento de Delgado, y que ha sido la acusación particular quien ha pedido que se envíe su causa a la nueva Fiscalía de sala de Memoria.
Los nombres de los torturadores
Carles Vallejo presentó la querella contra Vicente Juan Creix, Genuino Nicolàs Navales García, Rafael Núñez Valverde, Francisco Javier Vázquez Torres, José Antonio González Juan y Francisco Manuel Escobedo García. Los acusa de haberlo detenido y torturado en 1970 y 1971 por su actividad sindical y por pertenecer al entonces clandestino PSUC. “Era una represión institucional del franquismo”, se afirma en la querella. Y además del delito de torturas, los acusa del delito de lesa humanidad, que no prescribe, según los tratados internacionales.
Son delitos posteriores
En su escrito, la Fiscalía de Barcelona razona que pide la no admisión a trámite de la querella de Carles Vallejo porque los hechos están prescritos y los dos delitos por los cuales acusa a los policías franquistas fueron aprobados años después de los hechos, y que no se puede aplicar de forma retroactiva una ley si es desfavorable a la persona investigada. Expone que el delito de torturas se aprobó en la ley de 1978, y el de lesa humanidad en la de 2003.
Además, la Fiscalía cita la ley de Amnistía de 1977, con la que se taponaron las investigaciones sobre crímenes durante la Guerra Civil y el Franquismo, a pesar de que juristas, como el director general de Memoria de la Generalitat, Alfons Aragoneses, afirman que la ley permitía investigar los hechos, a pesar de que los autores, al final, fueran amnistiados.
La Fiscalía, en el escrito, no hace ninguna referencia a la ley de Memoria española, aprobada el diciembre pasado, la cual (a pesar de que de forma ambigua) abre la puerta a la investigación de crímenes del franquismo y crea la figura del fiscal de sala de Memoria para impulsar estas instrucciones. Por eso, las entidades reclaman ahora a Dolores Delgado, recientemente nombrada en el cargo, que se posicione sobre las querellas por los crímenes del franquismo.
Ahora, con el rechazo de la Fiscalía, la magistrada Carmen García Martínez tendrá que resolver si da carpetazo a la querella de Vallejo u ordena una instrucción.