Nueva ofensiva contra el proceso. La Guardia Civil exigió el viernes pasado a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad información y documentación muy detallada sobre los contratos de la Generalitat que están sirviendo para levantar las estructuras de Estado y la Hacienda propia.

Así lo publica hoy El País, que explica que estas empresas tienen ocho días para entregar a la Guardia Civil toda la información que tengan sobre estas adjudicaciones, como los expedientes completos de cada contrato, explicar el proceso de contratación, el importe de las aplicaciones informáticas desarrolladas, el método de pago e información sobre donde se desarrollaron las tareas: en la empresa privada o en los diferentes departamentos de la Generalitat.

Y no sólo eso. También se los exige que identifiquen a las personas de la empresa involucradas en el proceso y el responsable de la Generalitat que "contrató, supervisó y mantuvo los contactos" con los jefes de los proyectos o personal contratado para desarrollar los servicios en cuestión.

En todas las empresas, además, se las ha avisado de que, en caso de que no entreguen toda la documentación solicitada dentro del plazo establecido, podrían estar incurriendo en un delito de desobediencia y malversación de caudales públicos.

Con todo detalle

Los agentes intervinieron de forma simultánea las sedes de las empresas a Barcelona y Madrid con el escrito de la Fiscalía, que está dirigido a los administradores únicos, presidentes, directores generales o apoderados de las empresas tecnológicas consultoras.

El objetivo es obtener, con todo lujo de detalle, una posible cifra a la "malversación de fondos públicos" y, precisamente por eso, también solicitan a las empresas que concreten al máximo posible los costes iniciales, de puesta en marcha y finales de las aplicaciones informáticas o informes de consultoría contratados por el Govern y, también, las contraseñas necesarias para poder activar las aplicaciones.

Aparte de eso, y siempre según El País, también pretenden tener toda la información sobre si estas actuaciones fueron supervisadas por algún trabajador público, así como para saber si los técnicos que desarrollaron los programas informáticos o realizaron los informes, "tuvieron que firmar algún contrato de exclusividad o confidencialidad", además de pedir que se identifique el responsable de activar estos programas a ordenadores de la Generalitat.

Ya en marzo del 2016, Javier Zaragoza, que entonces era fiscal jefe de la Audiencia Nacional, abrió dos investigaciones sobre los pasos administrativos que había dado el Govern para levantar los servicios de inteligencia y la Agencia Tributaria para un futuro estado catalán. Esta investigación ha sido prorrogada por el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que trabaja al estudiar si se ha cometido un perjuicio en las arcas públicas, así como si se han desobedecido las diferentes resoluciones del Tribunal Constitucional.

Vigilancia diaria

La Vanguardia añade un punto más al asunto -ya conocido-, y es que el fiscal del Estado revisa cada día la actuación del Govern y del Parlament y ha intensificado, así, la investigación en las actuaciones relacionadas con el proceso.

Después de las diferentes resoluciones por el juicio del 9-N, la Fiscalía ha conseguido no tener que esperar ahora las resoluciones del Alto Tribunal a la hora de impulsar la abertura de diligencias contra todos aquellos que trabajen en cuestiones relacionadas con la desconexión de España.

Precisamente por eso, ya ha puesto la directa e investiga ahora el Registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior porque sospechan que eso tiene relación con la celebración del referéndum. Este, sin embargo, será sólo el primer paso que dará de todos los que tiene previstos a partir de ahora para impedir cualquier opción que Catalunya se separe del resto del Estado.