La Fiscalía belga ha recibido ya la suspensión de la euroorden del Tribunal Supremo y ha empezado los trámites por dejarla sin efecto.
"Las autoridades españolas han confirmado el carácter definitivo de esta decisión", ha dicho la fiscalía, que ha añadido que ahora el juez tendrá que constatar que el caso ya no es aplicable. A raíz de la retirada de la orden europea de detención, además, "se suprimen las medidas cautelares emitidas por el juez de instrucción".
Por este motivo, el Ministerio Público de Bélgica ha trasladado al juez el auto del Supremo y ahora emplaza al tribunal a una vista para dar conformidad a la nulidad de la orden de detención.
Eso anula todo el proceso que se ha hecho en Bruselas hasta ahora, desde hace un mes, cuando la Audiencia Nacional citó al Gobierno a declarar y dictó la euroorden después de que Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig porque no se presentaron.
Por lo tanto, queda en nada la citación en que se hizo ayer de cara el 14 de diciembre cuando se tenía que decidir si los extraditaban o no.
La Fiscalía belga ha estado analizando la "nueva evolución" del caso del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consellers que lo acompañan a Bélgica.
Puigdemont y los consellers se instalaron a la capital belga hace más de un mes mientras la Justicia española actúa contra todos los integrantes del Ejecutivo autonómico catalán, cesados por el gobierno español el 27 de octubre para impulsar un proceso independentista.
El juez Pablo Llarena considera que se tienen que retirar las órdenes europeas que emitió contra ellos la Audiencia Nacional porque ahora todo el caso lo lleva él y se requiere una única actuación, ya que de otra manera "podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los diferentes partícipes".