Era 2018, después de que una dolida Corinna Larsen afirmase en las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que Juan Carlos I había percibido diez años atrás, en el 2008, una comisión a cambio de intermediar en la licitación por la construcción de un AVE hacia la Meca. Entonces se abrieron las primeras diligencias preprocesales hasta que hoy, la Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar la investigación por el pago de estas comisiones millonarias. Según publica el diario El Mundo, el Ministerio Público no ha podido determinar la comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales, tal como se recoge en el decreto de archivamiento. Anticorrupción recuerda que ha intentado determinar durante los últimos años si este "pago de comisiones por parte de empresas españolas por  el contrato de construcción de alta velocidad que unía las ciudades de Medina y La Meca, a Arabia Saudí, por un valor de 80 millones de euros" se llegó a producir.

En este sentido, El Mundo cita fuentes fiscales que sostienen que Anticorrupción ha acordado el sobreseimiento de las diligencias de investigación después de que Arabia Saudí respondiera, vía una Comisión Rogatoria al organismo, señalando que no hay indicios de ningún tipo de delito en la operación de este tren de alta velocidad. Además, se negaron a entregar en España la documentación bancaria que había reclamado al fiscal Luis Pastor. Todo empezó en octubre de 2011, cuando el ministerio de Transportes saudí y el organismo gestores de sus ferrocarriles, el SRO, adjudicó al consorcio árabe-español Al Shoula la fase II del proyecto que tenía que llevar el AVE a la Meca. El contrato se firmó en enero del 2012 y este fijaba un precio de 6.487.914.772 euros para su ejecución. Cuatro años de investigación después, ahora se ha acordado el archivamiento de las diligencias después de que "no se haya podido determinar la posible comisión del ilícito penal por la determinación de la cual fueron incoadas", recoge el diario.

Indicios delictivos

La cara más visible de las comisiones por el AVE a La Meca era el rey emérito. Pero, la parte por la que se le investigaba, el presunto cobro de 65 millones del rey saudí a cambio de hacer de intermediario, fue remitida a la Fiscalía del Supremo, que ya había decidido archivar el caso por falta de indicios. 

Con todo, el mes de junio de 2020, la Fiscalía veía indicios delictivos de blanqueo de capitales y fraude fiscal a la Hacienda Pública en el emérito Juan Carlos por su participación en la construcción del AVE. El fiscal en ninguna anticorrupción, Alejandor Luzón, emitió semillas un decreto donde comunicaba a Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, que la investigación sobre el AVE en Arabia Saudí afectaba al rey emérito y se veían indicios de delitos y que, por lo tanto, la causa tenía que pasar en el Tribunal Supremo, ya que Juan Carlos es aforado. En aquel mismo decreto, el fiscal consideraba que no se puede perseguir el Rey por el presunto cobro de la comisión de 100 millones de dólares por el AVE a la Meca porque el pago se hizo el año 2008, cuando el monarca emérito todavía era inviolable, pero apuntaba que se pueden investigar los movimientos de este dinero a partir de junio del 2014, justo cuando abdicó y eso comporta la posible existencia de cuentas bancarias en Suiza a nombre de varios testaferros.

Un regalo envenenado

A principios de marzo, sin embargo, aparte de archivar todos los delitos fiscales del emérito, la Fiscalía hizo lo mismo con este posible caso de corrupción en los negocios por el proyecto del AVE en la Meca. Entonces, el ministerio señalaba que la investigación no ha podido establecer, "ni siquiera de manera indiciaria", ningún vínculo entre este ingreso y la adjudicación del proyecto de AVE a La Meca ni, por lo tanto, con el pago de ninguna comisión. En este sentido, se especula que "se trataría de un regalo que podría haber sido recibido en consideración de Jefe del Estado, título que Juan Carlos de Borbón ostentaba en el 2008 y susceptible de integrar el delito de soborno". Pero este posible delito también estaría "claramente prescrito". Por lo que respeta a un posible delito de blanqueo de dinero, también se asegura de que estaría cubierto por la inviolabilidad.