El jefe de la policía local de Pineda de Mar, Carles Santacreu, ha negado que coaccionara y amenazara al director de dos hoteles del municipio para que echara a unos 500 agentes de la policía española por su polémica actuación para evitar la votación del 1-O de 2017, este miércoles en el juicio en la Audiencia de Barcelona. En respuesta a su abogado, Andreu van den Eynde, el jefe policial ha explicado que el 2 de octubre de 2017 el alcalde de Pineda de Mar estaba en Madrid y que le pidió que acompañara a la alcaldesa accidental Carme Aragonès para hablar con el director del hotel, y que los políticos locales querían "reubicar" a los agentes en un segundo hotel, ya que en el Cheking Montpalau había muchos manifestantes protestando ante este establecimiento. Los dos concejales socialistas, también juzgados, han exculpado totalmente a Santacreu.
Con todo, el fiscal de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, ha hecho una rebaja leve de la petición de condena a Santacreu: de los 3 años de prisión iniciales a 2 años y 6 meses, por un delito de coacciones con la agravante de actuar como autoridad y aplicarle dilaciones indebidas. Alternativamente, el fiscal ha planteado que se le condene a 15 meses de inhabilitación de su profesión por no haber perseguido el delito de coacciones que realizaron los dos concejales del PSC. Ante esta modificación, Van den Eynde ha denunciado que "no es correcto legalmente", ya que se han modificado hechos, además de la "incongruencia entre los dos delitos". Para evitar "más sufrimiento" a su cliente, no ha pedido la suspensión de la vista, como podría haber hecho, y ha solicitado su absolución.
En la primera sesión, del martes, la exteniente de alcalde del PSC, Carme Aragonès, y el actual tercer teniente de alcalde, el también socialista Jordi Masnou, a quien al fiscal también les pedía 3 años de prisión, aceptaron una condena de 1 año de prisión y de inhabilitación a cargo público por haber "coaccionado" al responsable del hotel Cheking Montpalau y Checkin Pineda para que expulsaran de forma inmediata los agentes a la policía española, en una reunión el 2 de octubre de 2017. Al final, los agentes, se marcharon el 5 de octubre, tal como fijaba el contrato. Al inicio del juicio, el fiscal expuso la rebaja de la pena para los dos concejales socialistas al aplicarles el atenuante de dilaciones indebidas, acuerdo que no aceptó el jefe policial al mantener su inocencia.
Confesión de los concejales socialistas
En la sesión de este miércoles, en la sección sexta de la Audiencia, la entonces primera teniente de alcalde, la socialista Carme Aragonès ha declarado que "no se hicieron amenazas", a pesar de haber aceptado la condena. "Las declaraciones en la prensa fueron desafortunadas porque dije echar en lugar de reubicar a los agentes", ha asegurado Aragonès, y que también hablaron de que tenían hoteles que "no estaban en orden", pero que no los amenazaban con cerrarlos. El tercer teniente de alcalde de Pinar, el socialista Jordi Masnou, que también ha asumido la condena, ha declarado: "Había un sector independentista que nos gritaba porque no permitimos poner las urnas. Se nos fue de las manos porque queríamos que frenara la manifestación. Asumo lo que pasó."
Una concejala de ERC niega amenazas
Antes, la concejala de Pineda de Mar, Mònica Palacín (ERC), ha contestado que "no" cuando el abogado Andreu van den Eynde le ha preguntado: "Alguna persona amenazó o acosó al director del hotel". Era una salita pequeña y de cristal, que se veía desde el exterior y la situación estaba "tensa", según ha explicado porque en el exterior, agentes de la policía española los miraban. La concejala ha asegurado que ella y el jefe policial no le dijeron nada al director del hotel, y que no recuerda que dijeron exactamente los dos concejales socialistas. La concejala ha explicado que al salir de la reunión un agente "le cogió y gravó con el móvil", y no dijo nada a los policías; solo se identificaron. Palacín al ser diputada del Parlament fue investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que en marzo de 2019 archivó la causa contra la diputada al considerar que no había pruebas contra ella para juzgarla por coacciones a los titulares del hotel.
Testigo de tres jefes policiales
En la vista, dos jefes policiales han asegurado que tres responsables del Ayuntamiento y el jefe policial fueron a hablar con el responsable del hotel Cheking Montpalau, y que estuvo "tensa", aunque no escucharon su contenido, pero veían sus gestos y la cara del director del hotel. Han añadido que el director les pidió que se tenían que marchar al día siguiente con "la amenaza de cerrarles cinco años el hotel", según los dos testigos, un inspector y un subinspector del Cuerpo Nacional de la Policía (CNP). Los policías le pidieron que necesitaban un documento escrito para presentar a sus superiores. Un tercer jefe policial, que estaba en el hotel Cheking Pineda, con más de 100 agentes procedentes de Madrid, que el 3 de octubre hicieron las maletas y cuando estaban en la calle, al final les dijeron que volvieran a las habitaciones y, al final, se marcharon el día 5 de octubre.
El subinspector también ha afirmado que el jefe de la policía "siempre iba de paisano" y los vigilaba "como haciendo contravigilancia", los días antes del 1-O, y "les ponía trabas en los aparcamientos" y paradas de las furgonetas policiales. Una afirmación después negada por Santacreu, que ha detallado incluso que fue premiado por el CNP al solucionar-les un problema de aparcamientos.
Los dos policías han añadido que la noche del 1-O se concentraron centenares de ciudadanos delante del hotel que les gritaban "Fora les forces d'ocupació" y les lanzaban objetos. Desde el día 1 al 5 de octubre han asegurado que vivieron con tensión y que no dormían. "Al llegar a Monzón pudimos dormir, como si fuera un balneario", ha asegurado el subinspector.
En la investigación, el fiscal pidió el archivo de la causa contra Sílvia Biosca —la actual primera teniente de alcalde del PSC en Pineda de Mar—, al considerar que no quedaba "lo suficiente" acreditado que cometiera un delito de falsedad en documento público por haber simulado un comunicado de prensa conjunto con la cadena.