En el discurso de apertura del año judicial, la Fiscal General del Estado, Maria José Segarra, ha mostrado la voluntad de no ceder ni un milímetro ante el juicio por el 1 de octubre.

En su discurso ha dado un mensaje "de respeto a todos los profesionales de la justicia, en general, y a los fiscales en particular que, de una u otra forma ejercen la difícil tarea de ofrecer una adecuada respuesta ante la grave situación generada en Catalunya". Y ha afirmado de forma contundente que será "especialmente firme ante cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a quienes ejercen sus funciones en esta comunidad".

En el horizonte más inmediato están los juicios para el 1 de octubre en el Govern Puigdemont y la Mesa del Parlamento de Carme Forcadell. El procesamiento es por rebelión y malversación de fondos públicos, pero la fiscalía todavía tiene que presentar sus escritos de acusación donde se fijarán las penas para cada uno de los delitos que finalmente se acabarán juzgando. Y en este sentido, el ministerio público tendrá que decidir si mantiene lo que ha previsto hasta ahora o hace una petición de penas a la baja.

Por Segarra, lo que habido en Catalunya ha sido "un desbordamiento del orden constitucional y estatutario, impidiendo el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales que, como no podía ser de otra manera, se encontró con la firme actuación de las instituciones del estado de derecho y también del ministerio fiscal".

La fiscal general del Estado, a pesar de admitir "las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad", remarca que "tienen que ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico", y pone en énfasis que "no hay nada más democrático que la ley, porque la ley nos vincula a todos". Maria José Segarra concluye que "no puede haber excepciones a esta regla, porque lo contrario supone la ruptura de la propia democracia".

Segarra ha reiterado durante el discurso de apertura del año judicial que "España tiene un sistema judicial fuerte, sólido, al servicio del estado de derecho y un ministerio fiscal que actúa con absoluta autonomía y solo al servicio del principio de legalidad".