El fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido la decisión del juez Ángel Hurtado de procesarlo por un delito de revelación de secretos por la filtración de un correo de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz considera que las conclusiones del magistrado no solo "son ilógicas, sino voluntaristas" y pide en la Sala de Apelación del Tribunal Supremo que le corrija, y archive el caso. En un recurso de 74 páginas, la abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general, pide archivar el caso alegando que los hechos investigados "no son constitutivos de infracción penal" y que tampoco "aparece lo bastante justificada su perpetración". El fiscal acusa al juez del Supremo de procesarlo "sin verdaderos indicios sustentados en datos objetivas" y afirma que varios periodistas ya conocen la confesión del empresario y que él, finalmente, hace referencia a "inexactitudes cuando no falsedades" de Alberto González Amador, a quién acusa de ocultar información en los tribunales y de ser el primero a filtrar información confidencial del caso, a través del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. El fiscal general afirma que "la versión judicial sustentada, incurre en conclusiones patentemente erróneas, ilógicas o equivocadas" al incluir "imputaciones que son infundadas o voluntaristas".
"Interferencia personal"
Álvaro García Ortiz considera que desde que la causa empezó en el Supremo, basada en una "inferencia temporal" no se ha producido ninguna novedad porque "no hay otro resultado posible para el inocente que el de constatar su inocencia". Entre las "numerosas inferencias, faltas de mantenimiento fáctico" que reprocha a Hurtado, hace especial referencia a las "presuntas indicaciones de presidencia del Gobierno y otras indicaciones externas", que se habría "canalizado" a través de la exasesora de la Moncloa, Pilar Sánchez Acera, y por las cuales el instructor dice que habría actuado García Ortiz. Sobre esta cuestión, pone el acento en que "el documento reenviado a las 8.29 horas del 14 de marzo de 2024 por Sánchez Acera a Juan Lobato —en aquel momento líder del PSOE en Madrid— presenta notables diferencias con respecto al correo electrónico en poder del fiscal general".
El fiscal general reprocha al juez que "pretender apuntalar la responsabilidad penal del fiscal general a partir del eventual uso político o mediático de un documento que ya era de dominio público excede por completo el juicio racional de indicios". Por otra parte, señala que "se ha obtenido un conjunto de material probatorio de descargo ante el cual palidece irremisiblemente el escaso apilamiento incriminatorio obtenido". La Abogacía del Estado considera que el procesamiento solo se sustenta en "la misma inferencia temporal", en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no considera relevantes las noticias que demostrarían que la prensa era conocedora de las negociaciones entre la pareja de Ayuso y la Fiscalía antes que García Ortiz y en "el cual se pueda interferir" del hecho de que el fiscal general borrara los chats de WhatsApp y su cuenta personal de Gmail. Sobre la eliminación de los mensajes, observación que "no ha hecho desaparecer la información por capricho", sino por razones "ajenas" a las perquisiciones y crítica a Hurtado por "este reproche innecesario". "Si la instrucción no ha conseguido obtener los datos del terminal telefónico al producirse el borrado, tampoco el mío representado ha podido defenderse", añade.
El origen de la filtración
La defensa del fiscal general del Estado insiste en que los hechos por los cuales García Ortiz ha sido procesado no suponen un delito, ya que, la información que González Amador reivindica como un secreto revelado "ya había sido difundida entre profesionales de la información" antes de que llegara a sus manos. En concreto, hace referencia al contenido del correo enviado por el abogado del empresario, Carlos Neira, el 2 de febrero del 2024 en la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y a un abogado del Estado para ofrecer un pacto a cambio que reconociera los delitos por los cuales se lo investigaba. El escrito especifica que "tal difusión se produjo doblemente: por una parte, a través de la actuación del mismo querellante, o de personas de su entorno más próximo, revelando su contenido a El Mundo; y por otro, consta que al menos tres medios de comunicación —eldiario.es, La Sexta y la Cadena SER— ya disponían del contenido, o incluso de una copia del correo, antes de que el fiscal general lo recibiera".
Sobre el primer documento, señala que González Amador declaró que "mantuvo informado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del curso del procedimiento de inspección serie delante del AEAT y de las negociaciones con la Fiscalía". Así pues, la fiscalía ve "acreditado" que, antes de que García Ortiz estuviera al corriente de estas negociaciones, González Amador había remitido a Rodríguez el e-mail del 12 de marzo de 2024, "solo 10 minutos después" que se lo reenviara Neira para informarlo de que Salto mantenía la posibilidad de acuerdo a pesar de la judicialización del caso. Además, señala que González Amador informó a Rodríguez "de muchas otras cuestiones relativas al procedimiento, entre ellas del hecho de que habían existido conversaciones previas entre el fiscal y su abogado, y que este último estaba realizando gestiones para conseguir el pacto de conformidad." Insiste también que "una vez|golpe que el titular del derecho a la intimidad decide hacer partícipes en terceros de sus secretos o confidencias, especialmente cuando|cuándo se trata de periodistas, estas informaciones pierden su carácter reservado y su titular pierde, por consiguiente, el derecho al hecho de que no se difundan".
La defensa también alega que "no hay prueba, porque no puede haberla", que "el fiscal general revelara nada de lo que se le imputa ni diera publicidad a nada que no fuera la nota que el día 14 de marzo de 2024 publicó la Fiscalía" para desmentir lo que consideraba una "fábula", por la citada publicación de El Mundo, donde se decía que la oferta de pacto partió del Ministerio Público, en lugar de al revés.