La fiscal Alejandra García Tabernero ha pedido la absolución de los cuatro agentes de la policía española, acusados de la mutilación del ojo derecho de Roger Español por el impacto de una pelota de goma el 1-O, este viernes en la Audiencia de Barcelona. En su informe, la fiscal ha asegurado que el escopetero y sus superiores cumplieron la normativa vigente, e incluso ha manifestado que en España "la policía puede usar la fuerza y causar lesiones graves, si se ajusta a la norma". Español, a través del abogado Benet Salellas, y las acusaciones populares, ejercidas por Irídia, Òmnium Cultural y la ANC, han mantenido, este jueves, la petición de que cada uno de los agentes sea condenado a 13 años de prisión por los delitos de lesiones y torturas. Todos los abogados han acusado de herir al activista en una situación en la que no estaban en peligro e incumpliendo los principios policiales de protección de la ciudadanía.
Por el contrario, la representante del ministerio fiscal ha asegurado que los policías de la UIP hicieron un "uso progresivo de la fuerza", usando megafonía, mediación y porras y salvas y que ante "la fustigación de la concentración de personas no tuvieron otro remedio" que usar las balas de goma, cuando retrocedían marcha atrás por la calle Sardenya. Ha insistido en que los agentes cumplieron los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. "No se puede castigar con una pena de un homicidio consumado a quien impartió, comunicó y cumplió una orden que no era manifiestamente ilegal", ha concluido la fiscal.
La prohibición de las balas de goma
Las acusaciones, en el juicio, expusieron que las defensas mezclan dos escenas diferentes: la sentada cerca de la escuela Ramon Llull y el tramo de la calle Sardenya, hacia Diputació. La fiscal también ha insistido en que la policía española no tiene prohibido usar las balas de goma en ningún sitio. Las acusaciones no han cuestionado este hecho, sino que Español y muchos ciudadanos pensaban que estaban prohibidas, tal como se ordenó a los Mossos d'Esquadra por el caso Ester Quintana, y está en vigor desde el 2024.
La fiscal también ha puesto en cuestión lo que ha calificado como "la prueba reina", que es la distancia en la cual disparó el escopetero imputado. Los Mossos, a partir de los videos de los hechos, afirmaron que había unos 14,12 metros entre el escopetero y Español caído. Ha insistido en que "no hay una certeza clara" de la distancia real, hecho que no se puede usar contra el acusado, del cual también ha insistido en que en el momento de disparar "no veía bien porque lo tapaban" otros compañeros. Además, ha recordado que los Mossos afirman que el escopetero disparó al suelo, como marca la circular de la policía española de 2013, y que "el rebote no se puede controlar" porque es un arma de "disuasión".
La distancia es importante porque esta circular policial marca que se permite disparar a 15 metros, cuando la situación es extrema; a 25 metros, excepcional; y a 50 metros, habitualmente. En este sentido, la fiscal ha desacreditado a los peritos internacionales de Omega y ha asegurado: "Las resoluciones de la Asamblea de la ONU no son vinculantes para los Estados".
Sin intencionalidad
Finalmente, la fiscal ha declarado que los agentes acusados no quisieron herir a Español expresamente ni sabían que había un riesgo grave de provocar lesiones si disparaban pelotas de goma. Salellas, en su informe del jueves, se avanzó a este razonamiento, recordando que en el Estado español hay 70 mutilaciones oculares por balas de goma, y por tanto la policía española y los agentes imputados, que son de una unidad de élite, saben la lesividad de estas armas.
Por su parte, los letrados de la Abogacía del Estado han pedido la absolución del inspector y los dos subinspectores imputados, y han recordado que estaban allá para cumplir la orden judicial del TSJC por no permitir votar el 1-O, pero con la premisa de respetar la convivencia ciudadana. El abogado del escopetero, Javier Aranda, ha defendido su actuación y que "no quería tocar a nadie" y por eso dispara al suelo, además del debate sobre el rebote abierto en el juicio. Ninguno de los cuatro policías ha usado el turno a la última palabra y el presidente del tribunal ha declarado el habitual "visto para sentencia".