La reforma del delito de desórdenes públicos -pactada entre el PSOE, Podem y ERC, e inicialmente pensada para reducir el castigo- sigue sin gustar a la Fiscalía. Al menos, es la tercera vez que en un juicio un fiscal prefiere aplicar el delito de desórdenes antiguo para mantener la petición de elevadas penas de prisión a independentistas catalanes. Este ha sido el caso del juicio a cuatro jóvenes independentistas, a quien les pide de entre 4 a 7 años y medio de prisión, acusados de tirar piedras a agentes de la policía en la protesta del 16 de octubre de 2019, contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes catalanes, que ha finalizado en la Audiencia de Barcelona, este martes. Mario, Roger y Carla han declarado, solo a sus abogados, que fueron a la manifestación, pero que no protagonizaron ningún desorden, mientras Manel (que vive con Carla), ha detallado que fue detenido cuando salía de un cibercafé, en la calle Fontanella. Los abogados de los cuatro jóvenes han pedido su absolución porque participar en una manifestación "no es delito".

En la vista, la fiscal ha informado de forma genérica que en el momento de los hechos estaba en vigor el Código Penal anterior, y por eso les aplica el delito de desórdenes públicos anterior a la reforma que entró en vigor el diciembre pasado. Normalmente, se aplica el Código Penal que más beneficia a la persona. Además, también ha mantenido que se les aplique la agravante de disfraz para que la pena sea más elevada. Ha asegurado que "hay que enmarcar los hechos en el contexto, con el CDR de Barcelona, que convoca la concentración, y se producen algaradas, por la condena de unos independentistas".

En concreto, pide que Roger, Carla y Manel sean condenados a 4 años de prisión, mientras que Mario a 7 años y medio de prisión, al aplicarle también el delito de daños por incendio, y que solo él pague los 7.900 euros que el Ayuntamiento de Barcelona ha tasado la quema de seis contenedores de basura en aquella protesta. E incluye los desperfectos en un cajero automático, aunque una responsable no aportó ninguna factura ni su coste.

Acusación "sin pruebas"

La sección tercera de la Audiencia de Barcelona también ha escuchado los informes de los abogados defensores de los cuatro jóvenes, que se han centrado en destacar que no se han probado las graves acusaciones, y a pesar de eso, la fiscal ha mantenido la petición de elevadas penas.

En concreto, Eduardo Cáliz, abogado de Roger, ha indicado que "las únicas pruebas contra él han sido unas declaraciones vagas, imprecisas y contradictorias de dos policías del total de 15 que han declarado" en la vista. Además, ha añadido que "no hay ninguna imagen, ningún acta de intervención de objetos, ningún agente lesionado, ni ninguna prueba periférica" que acredite que el Roger cometió ningún delito. "Da la impresión que tanto el atestado policial como la Fiscalía, intentan realizar una ecuación que diga: participar en una manifestación igual a delito", y ha insistido en que "Roger ejerció un derecho fundamental": el de manifestación para protestar contra la sentencia de los presos políticos.

"Sesgo ideológico"

Por su parte, Josep Rosell, abogado de Mario, también ha exigido su absolución porque fue a una manifestación, aunque fuera vestido de una determinada manera. Uno de los Mossos lo identificó porque llevaba un casco, un chaleco y un escudo con una bandera independentista. "La fiscal parecía que nos acusara de sedición o de rebelión", ha denunciado Rosell y ha añadido: "Resulta cómico que se dé credibilidad a una conversación de WhatsApp donde mi cliente, que tenía 21 años, pretende supuestamente hacer una revolución y derrocar a un estado que es miembro de la OTAN, y muy pronto alcanzará la presidencia de la Unión Europea. Hace reír, pero lo que no lo hace es la petición de la pena."

De forma excepcional, el juez de instrucción permitió el análisis de los móviles de los encausados, sin encontrar ningún hecho delictivo; solo una conversación de Mario que iba a la manifestación. El abogado ha asegurado que Mario no lideraba ninguna acción, como lo acusan dos agentes de los Mossos, y que "el sesgo ideológico es evidente" en toda esta causa penal. Alternativamente, Rosell ha pedido al tribunal que aplique la atenuante de dilaciones indebidas del procedimiento y rebajarle la pena si, finalmente, es condenado.

Los abogados de Manel y Carla han destacado que los Mossos bien poco han detallado de su acción, y que fueron detenidos de madrugada, como los otros dos, cuando iban a coger el metro, a la calle Fontanella.