La cúpula de la Fiscalía Anticorrupción ha continuado maniobrando para reducir el impacto de la denominada Operación Lezo, que ha puesto el PP bajo una tormenta de sospechas de corrupción que ya afectan directamente no sólo al partido sino también al Gobierno. El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix -en la imagen-, ha decidido apartar del caso sobre las irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II a uno de los dos fiscales que desde hace 18 meses investigan el ex presidente de la Comunidad de Madrid , el encarcelado Ignacio González. Pero ha fracasado en el intento.
En concreto, se trata del fiscal Carlos Yáñez, encargado de los interrogatorios en el caso que dirige junto con la fiscal Carmen García. Moix ordenó a Yáñez que renunciara a la comisión de servicios por la que lo destinaron a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y volviera a Granada, donde tiene asignada su plaza. Así lo avanzaba la cadena SER, que citaba fuentes de la Fiscalía y la Guardia Civil. Pero finalmente, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido mantener a Yáñez en la investigación.
La decisión se encadena con el enfrentamiento desatado a la Fiscalía Anticorrupción después de que Moix intentara impedir uno de los registros en la operación contra Ignacio González. Ante ello, Yáñez rechazó la propuesta de Moix invocando el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Público, que regula cómo debe actuar el fiscal cuando considera que ha recibido una orden contraria a la ley o improcedente por parte de un superior.
La cuestión provocó una tensa reunión de la junta de fiscales anticorrupción. Los miembros del órgano, una veintena, apoyaron a Yáñez, lo que forzó a Moix, desautorizado por la junta, a dar marcha atrás en su decisión.
Al trascender el intento de apartar a Yáñez de la investigación, Moix lo ha negado. Según él, es Yáñez quien le pidió volver a Granada y que este viernes le daría una respuesta. Moix también ha negado haber intervenido en la Operación Lezo para que no se llevara a cabo uno de los registros policiales.
Las actuaciones de Moix -que el miércoles también reconoció públicamente que se habían instalado micrófonos en el despacho de Ignacio González- han creado un fuerte malestar en la fiscalía. Después de intentar reducir la intensidad de las investigaciones en la Operación Lezo, Moix anunció que retiraba del caso del 3% -sobre el presunto financiación irregular de CDC a través de comisiones por adjuciacions de obras públicas- a los dos fiscales encargados, José Grinda y Fernando Bermejo. Los sustituyeron Teresa Duerto y Fernando Maldonado.
Catalá y Zoido en el punto de mira
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó que Moix hubiera ordenado que se suspendieran actuaciones en la Operación Lezo, y sostuvo que su intención era "ayudar" a la investigación. Catalá se ha situado en el ojo del huracán después de que trascendiera un SMS de noviembre del 2016 dirigido a Ignacio González en el cual le decía: "Ojalá se cierren pronto los líos". El ministro ha negado que en el mensaje hiciera referencia a cuestiones judiciales.
También el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha tenido que explicar en el Senado la reunión que mantuvo su número dos, José Antonio Nieto, con Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid y también encarcelado. Zoido señaló que su mano derecha no tenía ni idea de que Pablo González sería investigado cuando lo recibió.
Declaración de Rajoy por Gürtel
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a Ignacio González a la prisión el 22 de abril pasado en relación con la presunta trama de corrupción articulada en torno al canal de Isabel II. Y este martes ordenó también a la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el exgerente del Canal, Ildefonso de Miguel.
En este marco de crecientes sospechas sobre el alcance de las tramas de corrupción que salpican al PP, el propio presidente del Gobierno español y líder del partido, Mariano Rajoy, ha sido citado a declarar en el sumario por la primera fase de la trama Gürtel, sobre la presunta financiación ilegal de la formación conservadora.
Rajoy, desde Montevideo, donde está de viaje oficial, ha expresado su apoyo a los ministros Catalá y Zoido, asegurando que "Quién la hace, la paga" y evidenciando de esta manera la preocupación que se ha instalado en el Ejecutivo español por el alcance del nuevo caso de corrupción con epicentro en el PP madrileño.
La Operación Lezo ha forzado la dimisión como concejala y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid de Esperanza Aguirre, como respuesta al intento de la dirección popular para concentrar en el ámbito de la antigua "lideresa" las responsabilidades.