"No nos han llamado" se quejaba un miembro del Gobierno en el pasillo del Congreso, mientras Albert Rivera lanzaba la enésima petición pública desde el escaño sobre la financiación del 1-O. Era mediados de marzo, y los anhelos de Ciudadanos por destronar el Partido Popular insinuaban una poderosa grieta en el frente unitario del 155, que por primera vez se fiscalizaba a sí mismo con la gestión del procés. En la Moncloa, si bien, el malestar era creciente, acostumbrados a un PSOE que había renunciado a las tentaciones de dejar a Mariano Rajoy solo con la intervención de la Generalitat, pero que cedió finalmente por la raison de État.

Y es que a medida que el ejecutivo pasa de asegurar que "no se destinó ni un euro público" –durante el 1-O– al matiz de que "contablemente" no consta, según de fuentes de la Moncloa, Rivera ve la oportunidad de hacer casus belli con el pago de la urnas, a costa de golpear el Partido Popular para capitalizar así el voto de la derecha española. Por eso, registraron el jueves la comparecencia del ministro Cristóbal Montoro en el Congreso, sin esperar a que sea el Tribunal Supremo quien dictamine, a través de las pruebas de Hacienda y los informes de la Guardia Civil, la versión de los hechos.

La cuestión es que los populares respiran ya el sentimiento de la traición, al haberse forjado en un bipartidismo que no se atacaba con cuestiones de Estado. "Cuando han querido saber algo, lo hacen con discreción" comentan fuentes del gabinete ministerial sobre el partido del secretario general Pedro Sánchez. De hecho, el PSOE cerró filas con un 155 que inicialmente rechazaba, días después del discurso del Rey. También, evitó la reprobación de ministros, en una muestra de lealtad con la causa nacional.

Si bien, la amenaza de la fisura planea ahora sobre el tejado del PSOE, mientras Rivera actúa como líder de la oposición de facto, fiscalizando la gestión del 1-O. En menos de 24 horas, los socialistas pasaron de rechazar la comparecencia de Montoro, a abrirse a ella. Es decir, que mientras el jueves la portavoz Margarita Robles apelaba a la "tranquilidad y calma" y acusó a los de Rivera "de utilizar políticamente" un caso que "corresponde a los tribunales", el viernes Sánchez afirmó que "no tenía ningún problema" de hacerlo comparecer. "Si se tiene que hacer, se hace" zanjó.

Así las cosas, no es de esperar que Sánchez se bata en duelo con Rajoy hasta el final. A pesar de que forzada por el contexto, la estrategia de comportarse como partido de Estado le ha dado a los socialistas sus frutos para diferenciarse en el espectro de la izquierda, ya que Podemos cae en las encuestas, post-aplicación del 155, que llevó al Tribunal Constitucional. Motivos para el rebote no le faltarían a Ferraz, si bien: la Comisión Territorial, que era la contraprestación para aceptar la intervención de la Generalitat, ha fracasado como estadio previo a la reforma constitucional, ya que Cs la abandonó hace unos días, dejando solos a PP y PSOE.

Ante ese escenario, la alianza triple que rechazó en el Senado la creación de una comisión para investigar las cargas policiales se difumina, mientras Rivera exige dimisiones si se prueba la malversación. Pero el resultado es ya peligroso para el el ejecutivo, porque implícitamente, la formación naranja ha logrado el roce con los poderes del Estado. Primero, con el judicial, pues el Supremo ya ha requerido información a Montoro sobre por qué niega la desviación de dinero público, y segundo, con los cuerpos de seguridad, porque Cs defiende a la Guardia Civil, y hurga con que en la Moncloa "podrían haber mentido".