La defensa de Alberto Rodríguez, liderada por el abogado Gonzalo Boye e Isabel Elbal, pide que lo ahora exdiputado canario de Podemos recupere su escaño en el Congreso de los Diputados y lleva el caso al Tribunal Constitucional al que solicita recurso de amparo y medidas cautelares. Así pues, señala como principal culpable la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien acusa "de inventarse todas las justificaciones por haberlo expulsado, incluso ahora que ya ha cumplido la pena en forma de multa interpuesta.
Marchena y los Letrados del Congreso se desentienden
En el escrito, detalla cronológicamente toda la sucesión de los hechos y lamenta que "Batet en ningún momento ha contestado nada de lo que se le ha planteado". Incluso, la defensa recuerda cómo el mismo Manuel Marchena, presidente del Tribunal Supremo, justificó cuándo Batet le preguntó por Rodríguez, que "su órgano no tenía potestad" política para decidir si tenía que ser expulsado de su escaño y le recordaba a la presidenta que la resolución del caso ya había quedado dictada con las consecuencias penales. Pero eso no es todo. Batet también se dejó aconsejar por los Letrados del Congreso el pasado 18 de octubre de 2021. Estos trasladaron a la presidenta que no podía haber "ninguna consecuencia extra penal que afectara a la condición de diputado del señor a Rodríguez, con ninguno de los supuestos".
"Batet vulnera todos los derechos existentes"
De hecho, han sido los mismos letrados los que advirtieron a Batet que suspenderlo comportaría retirarlo de "sus derechos y deberes y una pérdida de su condición". Batet hizo caso omiso del Supremo y los Letrados ya que, incluso, tomó la decisión tres días antes de recibir la respuesta de estos. Así pues, parece todo una operación de maquillaje donde el desenlace final ya estaba escrito por la misma socialista desde un principio.
El escrito de Boye es mucho llevar contra la presidenta a quien acusa "de haber vulnerado todos los derechos posibles que existen" y haber permitido interponer penas que no correspondían. De hecho, el único trámite que el Congreso tenía que cumplir es que durante un mes y quince días con que se fijaba la liquidación económica de su multa, Rodríguez no podía presentarse a cargos públicos pero el ministerio fiscal jefe caso abrió el grifo para que el castigo fuera a más.
¿Peligra su escaño en el Senado?
Por otra parte, si el caso no cambia de rumbo, Boye alerta de las derivadas que puede tener: "La condena de la pena de inhabilitación especial impuesta en la sentencia impugnada implicaría la pérdida definitiva del escaño de senador para la circunscripción de Melilla que actualmente ocupa el demandante". Y pide restablecer el cargo de forma urgente ya que el tiempo también va en contra: "La duración media de un proceso de este tipo, puede fijarse en dieciocho meses y podría comportar un efecto adicional para impedir que pueda intentar renovar su mandato por el Senado mediante el ejercicio del derecho a sufragio pase". Y concluye que si el caso sigue aplazándose provocará una "cierta perturbación de los intereses generales". El desenlace de Rodríguez podría marcar un precedente en los derechos y deberes de los diputados.
El origen del caso se remonta ahora hace ocho años. Según la sentencia, el día 25 de enero de 2014, en la ciudad de La Laguna, con ocasión de la reapertura de la Catedral se organizaron diferentes actos en los que estaba previsto que asistiera el entonces ministro de Cultura. Su presencia suscitó una manifestación de rechazo a la Ley de Educación (LOMCE), recientemente promulgada. Hacia las once de la mañana se concentraron unas 500 personas delante del cordón policial. En el curso de los enfrentamientos físicos, a causa de la actitud violenta de algunos de los congregados, el acusado Alberto Rodríguez Rodríguez dio un golpe de pie en la rodilla a un agente de la Policía Nacional que, a consecuencia de ella, sufrió una contusión de la cual curó en un día, sin impedimento para sus actividades habituales.