Una jueza de Manresa ha expulsado como acusación popular a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil de la causa en la que investiga las cargas de agentes del instituto armado para impedir el referéndum del 1-O en Sant Joan de Vilatorrada.
En un auto, la titular del juzgado ha estimado el recurso presentado por la acusación particular que ejercen votantes heridos en las cargas y ha revocado una resolución anterior que aceptaba la personación de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
La jueza argumenta en su acto que la Unión de Oficiales es una asociación profesional de la Guardia Civil y su función se circunscribe a "velar por los intereses profesionales de sus miembros", no por el interés público que tiene que guiar la actuación de una acusación popular en un proceso judicial.
Después de recordar que en la causa hay varios guardias civiles investigados por las cargas a raíz de denuncias de votantes, la jueza concluye que el papel de la Unión "como acusación particular garante del interés general, puede ser puesto en duda, al tener que conjugarse con su misión profesional de asistencia y protección a los miembros del mencionado cuerpo".
Para la jueza, la Unión de Oficiales "no parece ser un ente público que tenga entre sus funciones velar por el interés público general" y, en caso de que así fuera, no se han aportado a la causa los estatutos de la asociación que pudieran acreditarlo. La magistrada que ahora ha expulsado de la causa a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil acaba de ser designada instructora de la causa, después del cese del anterior titular, que sí que había admitido la asociación como acusación popular, sin exigirle fianza.