Los dieciocho independentistas (12 hombres y seis mujeres) acusados de boicotear un acto de Societat Civil Catalana (SCC) en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB), ahora hace casi ocho años, el 7 de junio de 2018, han vuelto a pedir que se les aplique la ley de amnistía, en el juicio contra ellos que se ha iniciado este lunes en la Ciutat de Justícia. Así lo han pedido sus abogados, de la formación Alerta Solidària, en el trámite de cuestiones previas ante el juez de lo Penal 19 de Barcelona. La fiscal de Delitos de Odio, Marta Glória López Catalá —que pide dos años y medio de prisión y una multa de 6.500 euros para cada uno de los denunciados por un delito de coacciones y otro contra el ejercicio de derechos fundamentales—, se ha opuesto.
El magistrado juzgador, Salvador Roig Tejedor, ya denegó aplicarles la ley del olvido penal el pasado enero, al asegurar que el acto de la entidad unionista no tenía nada que ver con la independencia del país, ya que era una conferencia sobre Cervantes. Las defensas, sin embargo, insisten en que era una época de detenciones y manifestaciones opuestas, y que SCC promovía actos en contra de la independencia de Catalunya.
Crítica a los Mossos
En el juicio, el entonces presidente de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, ha declarado como testigo y ha admitido que la finalidad de su entidad es defender la unidad del Estado español, pero diferencian sus actos políticos de los culturales. Ha añadido que la conferencia de la UB era para “poner en valor la cultura española” y que “pensaban que el Quijote podría unir”.
Rosiñol ha admitido que la entidad acordó desconvocar la conferencia, ya iniciada, en la UB “por seguridad”: “Un grupo gritaba y golpeaba muy fuerte la puerta principal, y entre el público había gente mayor”. “Entonces, era habitual que nos llamaran fascistas”, ha declarado Rosiñol, y ha recordado un grito que les dijeron hace ocho años: “Pim, pam, pum, que no quede ni uno”.
Otros responsables y socios de SCC han recordado que hubo empujones con una veintena de personas opositoras y que algún miembro de su entidad cayó al suelo. También han asegurado que desde el “rectorado les dijeron que no les podrían garantizar la seguridad”, y que desconvocaron el acto, con unas 200 personas. Han explicado que el acuerdo fue que les permitirían salir de la universidad, como pasó.
Sergio, otro testigo, ha criticado abiertamente los Mossos d’Esquadra por “no haber impedido” la entrada de los manifestantes dentro de la UB. También ha asegurado que “eran dirigidos por Bentanachs y con la cara tapada”, refiriéndose al veterano activista independentista. Lo tiraron al suelo, pero no fue lesionado; ha admitido a preguntas de las defensas.
Todos los testigos de SCC, que han declarado en castellano, han asegurado que era “un acto cultural”, cuando han sido preguntados por las defensas si tenía relación con el proceso de independencia de Catalunya.
Reclamo de Amnistía
Los abogados defensores —Eduardo Cáliz, Xavier Monge, David Aranda y Carlos Hurtado— han asegurado que hacen la petición de volver a pedir la amnistía para los activistas para presentar recurso de apelación porque se les denegó la primera vez. El juez ha informado que lo resolverá en sentencia. Para las defensas, los actos de SCC siempre tienen carácter político y unionista.
La protesta contra el acto de SCC en la UB fue convocada por formaciones de la izquierda independentista, como el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Arran, la Coordinadora Obrera Sindical, y también los CDR.
“Ninguna persona herida”
El primer testigo ha sido José Quesada, jefe de seguridad de la Universitat de Barcelona. Ha explicado que avisó a los Mossos de la convocatoria de la protesta de la izquierda independentista al “verlo en las redes sociales”. También que se quedó “en medio” de los que protestaban en el pasillo interior de la universidad y los organizadores de SCC.
A preguntas de Eduardo Cáliz, el testigo ha admitido que de los empujones “ninguna persona resultó herida” y los que protestaban “no llevaban la cara tapada” ni objetos contundentes. A preguntas de David Aranda, Quesada ha confesado que “pasados ocho años todo es confuso”, pero finalmente, se le ha enseñado su declaración policial, en la cual manifestó que “un integrante de SCC levantó una silla”, y lo ha ratificado.
Paralelamente, a petición de los defensores, el juez ha permitido a los dieciocho acusados que abandonen el juicio hasta que tengan que declarar, previsto para finales de mayo. Todos se han levantado sin escuchar ninguno de la decena de testigos que han declarado este lunes.