Los exconsellers mantienen el pulso con la justicia aragonesa por la querella de Sijena. El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, en representación de los extitulares de Cultura Lluís Puig, Laura Borràs, Ferran Mascarell, Joan Manuel Tresserras y Àngels Ponsa, ha recurrido el archivo de la querella presentada contra la jueza que ordenó el traslado de las pinturas murales, así como contra el Ayuntamiento de Vilanova de Sixena y el propio gobierno aragonés. El escrito, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles, argumenta que la decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por un lado, los exconsellers critican las apreciaciones "sesgadas" del TSJA y rebaten el argumento de la falta de riesgo de destrucción de las pinturas en caso de traslado, recordando una resolución de 2018 que ya detuvo momentáneamente su ejecución. "El riesgo de deterioro sigue siendo evidente teniendo en cuenta la fragilidad de las pinturas murales [...]. Este riesgo, entiende esta juzgadora que es motivo suficiente para paralizar la ejecución provisional", decía. Así pues, en el escrito insiste: "Nada ha cambiado. Por lo tanto, persiste también la extrema fragilidad de estas (pinturas) y los daños irreversibles que con seguridad sufrirían estas obras catalogadas como BIC (Bien de Interés Cultural)".
"Prácticas preconstitucionales"
Por otro lado, cargan contra la amenaza del tribunal de sancionarlos y aseguran que este tipo de actitudes son "prácticas preconstitucionales". "Cuando se ejerce una acción penal, puede ser molesta para aquellos contra los que se ejerce, pero de ninguna manera es exigible negar el ejercicio de un derecho al proceso a unos ciudadanos", apuntan, y añaden: "Las sanciones por recortar derechos son prácticas preconstitucionales hoy inadmisibles en un Estado Social y Democrático de Derecho". Todo, en un recurso de 22 páginas en el que se incide en muchos otros aspectos.
El tribunal aragonés rechazó la querella hace una semana, considerando que la jueza Rocío Vargas "actuó legítimamente dando cumplimiento a la orden de juzgar y ejecutar lo juzgado" y que, por lo tanto, no cometió ningún delito de prevaricación. Además, ante la supuesta falta de fundamentos, el TSJA anunció que examinará si ha habido abuso de derecho o mala fe procesal en los querellantes para, en su caso, sancionarlos. Ahora, los exconsellers han recurrido contra la decisión. Si bien es cierto que no parece tener mucho camino, se puede interpretar como un paso previo para llevar el caso a una instancia superior.