El Juzgado de instrucción número 6 de Figueres ha citado a declarar como investigados por un delito de prevaricación el exalcalde de Cadaqués, Joan Figueras, los concejales que formaron el pleno durante el mandato 2011-2015 y la secretaria municipal.
El origen de la investigación es una querella interpuesta a raíz de la adjudicación irregular, el año 2012, de la gestión del servicio de tren turístico en el municipio. El juzgado contencioso ya anuló la licitación porque el consistorio "no publicó el pliegue de cláusulas" ni tampoco resolvió las alegaciones. Figueras, la exconcejal de Gobernación, Teri Serra, y la secretaria municipal ya han declarado este martes y el juzgado ha citado a más concejales la próxima semana. El abogado de Figueras, Carles Monguilod, admite que hubo "errores administrativos" en la tramitación del concurso pero sostiene que no se cometió ninguna ilegalidad penal. El delito de prevaricación supone penas de 9 a 15 años de inhabilitación.
El exalcalde de Cadaqués (Alt Empordà), Joan Figueras, la anterior concejal de Gobernación, Teri Serra, y la secretaria municipal han declarado en los Juzgados de Figueres este martes en calidad de investigados por un delito de prevaricación. No son los únicos representantes municipales del anterior mandato que pasarán por el juzgado porque la querella interpuesta es contra todos los concejales que aprobaron al pleno el concurso público para adjudicar la gestión del tren turístico del municipio.
Un trámite que, según fuentes locales, se aprobó por unanimidad. Entonces, gobernaba a CiU con ocho concejales y había tres concejales de ERC a la oposición.
El abogado de Figueras, Carles Monguilod, ha explicado que el origen de la investigación es una querella interpuesta hace tres años. "Primero el juzgado la desestimó, no la admitió a trámite, pero recurrieron y la Audiencia de Girona ha ordenado tomar declaración a todos los querellados", ha detallado.
El letrado ha reconocido que, tal como resolvió el Juzgado contencioso administrativo 1 de Girona en abril del 2013, se cometieron irregularidades en la tramitación del concurso. De hecho, el juzgado anuló el proceso de licitación y obligó a repetir el concurso para explotar el servicio de tren turístico en el municipio.
La resolución judicial recogía que el consistorio "no publicó el pliego de cláusulas" del concurso ni tampoco "resolvió las alegaciones" presentadas. Aquel concurso anulado por orden judicial había otorgado la gestión del tren turístico a la empresa Macalisa S.C. pero la mercantil Tren Turístico Cultural Roses Expres (que había prestado el servicio entre los años 1998 y 2012) impugnó la adjudicación.
En paralelo, los afectados presentaron la querella a los Juzgados de Figueres porque consideraba que había indicios que todos los concejales que votaron a favor de la adjudicación al pleno y la secretaria municipal habían prevaricado cuando llevaron a aprobación un concurso con irregularidades. Según el Código Penal, el delito de prevaricación supone penas de inhabilitación de entre 9 y 15 años.
"Hubo algún error en la tramitación administrativa, como tantas veces pasa, pero ya se corrigió a nivel contencioso," ha afirmado Monguilod que descarta que los concejales tuvieran "voluntad delictiva, con conocimiento e intención" cuando dieron el visto bueno a la nueva adjudicación.
"Entendemos que las irregularidad administrativas sólo tenían trascendencia administrativa y que no hay, en ningún caso, voluntad prevaricadora, que es lo que explicaron los investigados al juzgado," añade al abogado. Por eso, confía en que el juzgado instructor archive la investigación después de tomar declaración a todos los concejales investigados.