Los diputados independentistas de la Eurocámara quieren saber qué hará la Comisión Europea tras el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos de los miembros del Govern suspendidos sin condena. Es por eso que han enviado una pregunta que la CE tendrá que responder por escrito, firmada por los eurodiputados no-adscritos Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, junto con Diana Riba, Jordi Solé, Izaskun Bilbao y Pernando Barrena. La pregunta, con la cual buscan forzar el posicionamiento de Europa, la ha hecho pública la cuenta de Twitter de los eurodiputados catalanes exiliados. En la misiva, los diputados plantean tres cuestiones: ¿"Como ve la CE esta violación de derechos humanos por parte de un estado miembro de la UE? ¿Qué medidas tomará la CE para asegurar que la UE y sus estados miembros cumplen con los derechos humanos internacionales? ¿La CE incluirá esta decisión sobre España en el próximo informe del estado de derecho"?, preguntan.

Piden que la CE se moje

En el documento enviado, los eurodiputados aportan información sobre el dictamen publicado esta semana por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y explican que "España ha violado derechos humanos internacionales" al suspender los miembros del Govern a raíz del referéndum del 1-O sin condena. El texto recuerda también que "esta decisión se encuentra en la misma línea con lo que ya han expresado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria". Antes de plantear las tres preguntas, el documento asegura, además, que "esta decisión representa uno de los hallazgos más importantes por un órgano internacional que la represión de España del movimiento independentista ha violado gravemente los derechos humanos".

El independentismo se "arma"

Independientemente de lo que responda la CE, el independentismo catalán está convencido de que la resolución de la ONU es la antesala de futuras victorias en el ámbito internacional. Este viernes, los exmiembros del Govern afectados por la decisión han ofrecido una rueda de prensa simultánea a Barcelona y Ginebra, donde se encuentra la sede del organismo. Han dejado claro que no confían mucho en que el Estado español aplique el dictamen, son muy escépticos, pero sí que fijan la mirada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tanto ellos como sus abogados ven una buena "munición jurídica" para ganar. Los letrados, en cambio, han evitado valorar si el caso es comparable con el de Laura Borràs.