La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) decidirá en los próximos días sobre las más de cincuenta peticiones ciudadanas relacionadas con Catalunya que ha recibido en las últimas semanas, han dicho este martes fuentes parlamentarias.

Por su lado, el secretariado de la Comisión de Peticiones ha considerado de forma preliminar que no admite a trámite estas peticiones al considerar que versan sobre asuntos que no son de competencia comunitaria, pero este análisis previo ha sido objetado por algunos grupos como la Izquierda Unitaria y los Verdes europeos, por lo que tendrá que ser discutido en la reunión de coordinadores.

Cualquier ciudadano puede dirigirse a esta comisión parlamentaria para presentar su queja si considera que una administración de su país ha vulnerado la legislación europea.

En caso de que la Comisión de Peticiones admita a trámite la petición, el procedimiento es escuchar al peticionario y a la Comisión Europea, y después emitir su valoración y propuestas de acción, que en cualquier caso no son vinculantes.

En las peticiones recibidas, de las que no se pueden conocer las siglas de los remitentes por protección de datos, se reivindica "el respeto por la democracia en Catalunya" en relación con la celebración de referéndum del pasado 1 de octubre, mientras que otros piden que "se suspendan los derechos de España mediante el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea".

La decisión final sobre si se admiten o no a trámite estas peticiones ciudadanas podría estar en el orden del día del próximo 24 de enero, cuando está prevista la próxima reunión de los eurodiputados responsables.

Un asunto europeo

El eurodiputado de ERC Josep-Maria Terricabras ha dicho que, según su opinión, "claro está que es un asunto europeo, y la prueba es que la Eurocámara celebró un debate después del referéndum en el pleno", un argumento que comparten otros eurodiputados como la portavoz de IU en el PE, Marina Albiol.

No obstante, el eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart ha considerado que las peticiones tienen que rechazarse porque "la UE tiene que respetar las funciones esenciales de los Estados Miembros, como son la integridad territorial del Estado, el mantenimiento de la Ley y la salvaguardia de la seguridad nacional".