La delegada del Govern en Madrid, Ester Capella, cree que la decisión del Tribunal de Cuentas de tumbar el aval del ICF tiene una "intencionalidad política" pero ha defendido que no tiene que tener consecuencias políticas en el diálogo con el Gobierno.

"Las negociaciones se tienen que llevar a cabo con el objetivo que se persigue. Tenemos que ser capaces de abstraernos de los momentos judiciales para alcanzar los objetivos de resolver los temas de la ciudadanía y avanzar en la mesa de negociación", ha añadido en una entrevista en Ràdio 4 y La 2. Y es que, según Capella, este espacio de diálogo "avanza" y ha apostado por la vía del diálogo porque es "lo que votó la ciudadanía el 14-F".

Capella, dispuesta a volver a Barcelona

Por otra parte, Capella se ha postulado para "acompañar" Ernest Maragall a la lista por Barcelona en las elecciones del 2023. Capella ha defendido que el actual portavoz de ERC al Ayuntamiento de Barcelona tiene que seguir siendo el candidato. "Ernest Maragall tiene toda la experiencia, las ganas y la convicción para encabezar la lista", ha dicho haciendo un paralelismo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Capella ha admitido que le haría "mucha ilusión" poder acompañarlo "con las condiciones que haga falta" y ha añadido que estará allí donde le pida ERC. Ha evitado pero concretar qué lugar de la lista quiere ocupar.

El aval del ICF

El Tribunal de Cuentas acordó este jueves embargar los bienes de los 28 excargos del Govern que se habían acogido los avales del ICF para pagar las fianzas que el ente fiscalizador les reclama por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. La delegada instructora, Esperanza García, rechazó los avales individuales que había presentado el Govern a través del ICF y, como el plazo que dio para depositar o afianzar los 5,4 millones de euros que reclama ya venció, procede al embargo de bienes y derechos de los 28 afectados. Seis de los 34 encausados no se adhirieron a la fórmula de los avales del ICF.

Fuentes del ente fiscalizador explicaron que la delegada instructora descarta admitir los avales porque no considera que se cumplan los requisitos que tienen que concurrir, porque no pueden amparar conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave". García ya había expresado dudas sobre la legalidad de la fórmula cuando pidió un informe a la Abogacía del Estado sobre la cuestión.

El Tribunal de Cuentas fijó un máximo para cada uno de ellos que corresponde a la suma de las partidas con las cuales los vincula. Sin embargo, la suma de los importes que les atribuye individualmente supera los 5,4 millones de euros. Por lo tanto, las cifras individualizadas no tendrán que abonar en su totalidad.

Responsabilidad solidaria

La responsabilidad es solidaria y, por lo tanto, todos los excargos vinculados a una partida tienen la obligación común de hacerse cargo sin orden de prevalencia. Así, si alguno de ellos no tuviera medios para afrontar lo que reclama, quedaría cubierta por el resto de responsables. De esta manera, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes.

La delegada instructora vincula al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a su exconseller de Economía, Andreu Mas-Colell, con el gasto de 2,8 millones de euros. A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con 1,9 millones de euros. Al exconseller de Acción Exterior del Govern de Puigdemont, Raül Romeva, el Tribunal de Cuentas lo responsabiliza de un máximo de 2,1 millones de euros y al exconseller de Presidencia de Mas, Francesc Homs, 2,9 millones de euros.

Los importes más elevados, que superan los 3 millones de euros, se les atribuye al exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, a quien se fija un máximo de 3,6 millones así como a la exinterventora general Mireia Vidal, para quien se cifra la fianza en 3,1 millones.

 

Foto principal: La delegada del Govern en Madrid, Ester Capella / ACN