El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Barcelona ha ordenado al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès que ejecute provisionalmente la sentencia con la que le ordenó que retirara la estelada de la plaça Lluís Millet. La magistrada acepta así la petición de Societat Civil Catalana (SCC), y concede al consistorio un plazo máximo de diez días para descolgar la bandera.
Mientras tanto, sin embargo, el Ayuntamiento se mantiene a la espera de que se resuelva el recurso de apelación presentado este viernes en contra de la petición de ejecución de la sentencia. Por su parte, SCC interpreta el auto de la jueza y la orden provisional de retirar la estelada como "un triunfo de la democracia y del pluralismo", ya que el caso arranca de una queja de la entidad hacia el Ayuntamiento, a quienes acusó de hacer caso omiso al requerimiento de un grupo de ciudadanos que reclamaban retirar la estelada de la plaza.
En el auto, la magistrada recuerda que la estelada no puede estar colgada en base al derecho y deber de la libertad de expresión de los cargos electos municipales, como siempre ha defendido el Ayuntamiento de Sant Cugat. En este sentido, la jueza responde que la doctrina del Tribunal Constitucional sostiene que "las instituciones públicas, a diferencia de los ciudadanos, no disfrutan del derecho fundamental a la libertad de expresión".
Una vez publicada la orden de la magistrada para retirar provisionalmente la estelada, Societat Civil Catalana ya ha avanzado que velará "para qué se dé correcto cumplimiento" del auto, de manera que han exigido al Ayuntamiento que no agote el plazo de diez días que concede a la magistrada. En un comunicado, han pedido que "retire la bandera separatista sin demoras ni maniobras obstruccionistas".
Finalmente, SCC ha lamentado que el consistorio "se obstine en judicializar la acción de gobierno adoptando prácticas claramente ilegales". Por este motivo, han solicitado al Ayuntamiento que retire el recurso de apelación que se presentó justo este viernes pasado. En el recurso, el consistorio pedía que no se ordenara la ejecución provisional porque podría generar "perjuicios de difícil reparación" e insistía en defender los derechos de expresión de los cargos electos.
Por otra parte, SCC ha pedido a todas las instituciones públicas "que han favorecido a la instalación de banderas partidistas" que procedan a retirarlas. Advierten que, de no hacerlo, los ciudadanos "acudirán a los tribunales para defender la neutralidad de las instituciones".