En medio de la polémica por el rescate de las autopistas radiales, el ministro de Fomento Íñigo de la Serna asegura que el Estado estaría dispuesto a que hubieran mecanismos independientes para supervisar la concesión de licitaciones públicas. De la Serna hacía alusión durante la sesión de control al Gobierno a la Oficina Nacional de Evaluación, que a su parecer se podría encargar "perfectamente" de la tarea. Además, ha añadido que se pondrán en marcha medidas para que el Estado pueda actuar si se multiplican los costes de licitación.
Los problemas sobre el coste de las de obras públicas emergen a menudo por una falta de evaluación previa de los contratos con los concesionarios. El propio De la Serna afirmó que el impacto del rescate en las radiales sobre las arcas del Estado era "difícil de calcular". Eso pasa también por la complejidad del proceso de responsabilidad patrimonial de la Administración. "Es una cantidad que se tendrá que fijar después del proceso de liquidación, que seguro que será objeto de litigio, y por lo tanto ahora el gobierno no puede saber cuál puede ser el alcance de esta reclamación", indicó.
Según De la Serna, el proceso no culminará hasta de aquí a un mínimo de seis meses, cuando expiran los procedimientos judiciales de las autopistas en quiebra, fruto del sobrecoste de las expropiaciones y la caída del tráfico. Son la R-2, R-3, R-4, la R-5, M-12, AP-41, la A-36, Aucosta y Ciralsa. "Es un procedimiento judicial donde no existe decisión política, sino que estamos sometidos a la situación en que se encuentran las autopistas que están en proceso de liquidación", dijo De la Serna, asegurando que el objetivo es que las autopistas puedan abrir al día siguiente al rescate.
Según el ministro, todas se encuentran en procesos judiciales donde ya se ha declarado el concurso de acreedores y los administradores concursales han hecho los informes definitivos. El Estado ahora tiene que responder por la responsabilidad patrimonial, donde en tres de los casos se tiene que hacer efectiva el 1 de julio del 2017, mientras que en el resto se presentarán planes de liquidación que "dependerán del proceso judicial de cada una de ellas", explicó.