Gustau Muñoz tenía solo 16 años cuando murió abatido por la policía española mientras participaba en una manifestación independentista durante la celebración de la Diada del 11 de septiembre de 1978 en la calle Ferran. Ahora, casi 50 años después de aquel crimen —que la CUP recuerda cada año con un homenaje al joven militante independentista—, el Gobierno indemnizará con 250.000 euros a la madre de Muñoz, según ha avanzado Catalunya Ràdio. En su resolución, el Gobierno indica que la muerte del joven se produjo “en defensa de la democracia y reivindicando el ejercicio de las libertades públicas y los derechos democráticos”, de manera que entra dentro de los supuestos contemplados por la ley de memoria democrática.
“En el momento en que varios agentes de policía vestidos de paisano llegaron e intentaron detener a varios manifestantes, el causante intentó escapar y, mientras corría, fue abatido por un disparo de arma de fuego que, tal como indicó el informe forense, le provocó la muerte instantánea”, se expone en la resolución. Desde el Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial, se reconoce así el caso de Muñoz aunque con casi medio siglo de retraso: “Hay bibliografía y documentación sobre los hechos y el día de su muerte se celebran actos y homenajes en su recuerdo”, señalan en la resolución, citando la película documental "Gustau, la Transició al descobert" y el "compromiso" del Ayuntamiento para mantener una placa conmemorativa en la calle Ferran, donde el militante de las Joventuts del Partit Comunista fue asesinado. La realidad es que esta placa tiene una historia larga detrás. Un año después del asesinato, su familia y amigos colocaron una en su recuerdo, que, tiempo después, desapareció detrás de unos andamios. Finalmente, se acabó colocando una placa oficial.
Los presuntos autores de los disparos, ni procesados ni condenados
De esta manera, el acto que se hará mañana en recuerdo de Muñoz será diferente, marcado por la decisión de indemnizar a la familia. En este encuentro en la calle Ferran, se recuerda que el chico fue uno de los 60 asesinatos perpetrados durante el tardofranquismo por los resortes del régimen dictatorial, veinte de ellos en Catalunya, la mayoría de los cuales han quedado sin castigo. El caso concreto de Muñoz quedó archivado y los presuntos autores de los disparos, los miembros de la Brigada Central de Información (BPS) José Luis Varela y Francisco Martínez Manedes, no han sido nunca acusados formalmente. Es decir, ni procesados ni condenados. Con todo, los familiares de Muñoz consiguieron en 2016 incluir su asesinato dentro de la llamada querella argentina que persigue los crímenes del franquismo.