El Estado no tiene prisa para que se juzgue el caso Forcadell y esperará a que el Tribunal Constitucional resuelva su ley sin actuar por la vía judicial de la Fiscalía, por ahora. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado las intenciones del Gobierno cuando ha descartado tras el Consejo de Ministros que pudiera abrir la vía penal. "Esperaremos al TC", ha dicho. Esta ralentización del Ejecutivo entronca con las declaraciones de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, sobre "utilizar todos los mecanismos al alcance" para combatir el proceso independentista.

El caso Forcadell quedará por ahora a la espera durante al menos dos meses. La presidenta del Parlament catalán recibió un incidente de desobediencia por haber autorizado la votación de las conclusiones de la comisión de Procés Constituent en la cámara catalana. Aun así, el Alto Tribunal no ejecutará el incidente para resolver si hay sanciones cautelares o penales contra ella -de momento- porque primero debe resolver el recurso sobre la ley que prevé dichos incidentes. La reforma de la Ley Orgánica del TC dota a éste de capacidad para hacer cumplir sus sentencias, pero actualmente la reforma está recurrida ante el alto tribunal. Además, en caso de ejecutarlos, el TC validaría por la vía de los hechos esta reforma, y no tiene nada claro que sea constitucional.

A este motivo de carácter interno se podría sumar la situación actual de falta de gobierno en España. El Estado tiene toda su atención puesta en la investidura y la inevitable prórroga de presupuestos, por lo que los frentes abiertos comienzan a ser abundantes. Las multas de la Unión Europea por el tema del déficit o la necesidad de aprobar el techo de gasto para los presupuestos de las comunidades se encuentran en este saco. La vicepresidenta ha anunciado que habían pedido informes a los juristas del Estado para conocer el margen de maniobra de un gobierno en funciones para los temas de carácter económico.

La inhabilitación posible de otras personalidades del Govern catalán, también podría haber precipitado la espera. El exconseller Francesc Homs declarará en el Tribunal Supremo este lunes por la consulta del 9-N. Del mismo modo, se prevé que el expresident Artur Mas, y las conselleras Irene Rigau y Joana Ortega también puedan acabar en los tribunales. La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado los respectivos recursos de apelación presentados por estos tres últimos. Así, el Estado espera por Forcadell mientras avanza en otros frentes.