Ya hay una cifra encima de la mesa: 30 euros por megavatio hora (MWh). Esta es la propuesta que han consensuado los gobiernos de España y Portugal para topar el precio del gas que se utiliza para fabricar electricdad. Así lo trasladaron anoche los dos ejecutivos a la Comisión Europea para que dé el visto bueno a la bautizada como "excepción ibérica". Se tuvieron en cuenta dos circunstancias para esta isla energética: el alto nivel de implantación de las energías renovables y las pocas interconexiones de la Península con el resto del continente europeo. La cifra se ha conocido primero por la prensa portuguesa y después la ha confirmado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La medida estaría vigente hasta diciembre.

Con esta medida pretenden rebajar considerablemente la factura de la luz, que acaba teniendo efectos en la inflación: en España ha llegado hasta el 9,8% en el mes de marzo mientras en Portugal ha sido del 5,3%, según los datos oficiales. La medida tendrá un efecto sobre el mercado mayorista de electricidad. El sistema marginal que funciona en toda Europa hace que el precio lo marque la última energía que entra en el sistema, que con los precios actuales son las centrales de ciclo combinado de gas.

El documento trabajado por los dos gobiernos limita la apliación a las tecnologías marginales: "En particular, y para el mix ibérico, sólo se aplicará a las centrales de ciclo combinado de gas, centrales de carbón y cogeneradores". También precisa que son medidas temporales y excepcionales, como se acordó en el Consejo Europeo, ante las "circunstancias excepcionales que están causando serias dificultades económicas" a los dos países.

Ahora la pelota está en el tejado de Bruselas. En la conferencia ofrecida este lunes, el presidente Pedro Sánchez confió en que la medida sería aprobada por Bruselas "en un muy breve plazo de tiempo". Una vez pase eso, garantizó, al día siguiente será publicada en el BOE "con efectos inmediatos". No obstante, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera habló este martes de un plazo aproximado de "tres o cuatro semanas" hasta su entrada en vigor.

El tope propuesto por España y Portugal coincide con el que habían planteado desde de Unidas Podemos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no ha querido confirmar el dato a falta de que hablara Teresa Ribera, pero ha asegurado que supondría una "gran noticia" porque es la propuesta que hacían ellos y "permitiría rebajar el coste de la electricidad a coste de los beneficios absolutamente multimillonarios e inmerecido que están ganando las empresas energéticas".