A través de dos alcaldes de capitales de provincia uno se puede hacer una idea de cuál es el estado de las izquierdas no independentistas ante el referéndum de independencia, convocado para el 1 de octubre. También puede pasar todo lo contrario: hacerse un lío aún mayor.

Hace dos años, en plena campaña electoral, la entonces candidata Ada Colau decía que "cada vez somos más y no podemos esperar" para ejercer el derecho de autodeterminación. Concretamente, decía que no podía esperar "ni a un cambio de la Constitución ni a las sentencias de tribunales absolutamente partidistas". Unos meses antes, cuando todavía era portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), incluso defendía que, "a diferencia de CiU, estoy dispuesta a desobedecer al gobierno del PP por poner urnas el 9-N por el derecho a decidir".

Dos años después de haber llegado a la plaza de Sant Jaume, su impaciencia se ha transformado en prudencia y ambigüedad. "Hay que asumir la complejidad y que hay objetivos difíciles que necesitan más tiempo del que querrías", decía esta misma semana sobre el referéndum en una entrevista en El Periódico. "Entiendo la impaciencia de algunos, porque el bloqueo del PP es exasperante, pero tirar millas con el referéndum no es eficaz", añadía quien dos años atrás no podía esperar más.

Dos años después de haber llegado a la plaza de Sant Jaume, la impaciencia de Ada Colau se ha transformado en prudencia y ambigüedad

Un camino similar ha seguido Àngel Ros. Cuando tenía aspiraciones de liderar el PSC e irse de Lleida a Barcelona, todo el mundo lo situaba en el sector catalanista del partido. Incluso llegó a renunciar al acta de diputado en el Parlament, en enero del 2014, para no tener que romper la disciplina de voto impuesta por Nicaragua. Concretamente, se negaba a votar en contra de la petición al Congreso del traspaso de la competencia para celebrar un referéndum. Aquel mismo año, por el 9-N, no solo cedió espacios municipales como alcalde, sino que incluso participó en aquella consulta.

Hoy la situación es radicalmente diferente. Ahora en minoría, Ros gobierna la Paeria con el apoyo de Ciutadans y PP, un tripartito oficioso, con quienes saca adelante la mayoría de medidas. Por ejemplo, la de negarse a ceder espacios municipales para la celebración del referéndum de independencia previsto para el 1 de octubre. "El concepto de derecho a decidir de hace cinco años no es el que se aplica hoy. Ahora el derecho a decidir es la defensa de la independencia", justificaba entrevistado por El Nacional hace dos semanas.

Estos son dos casos extremos de un conflicto que hoy existe en el interior de los partidos de izquierdas no independentistas: cómo encaran la cuestión del derecho a decidir en general y del referéndum del 1 de octubre en particular. El resultado son profundas divisiones que emergen públicamente. En las izquierdas catalanas, los trapos sucios no se lavan en casa.

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Los vaivenes de los comuns

Catalunya en común (CatComú), el nuevo partido de los comuns, ha adoptado este sábado su posicionamiento -no definitivo, revisable- sobre el 1-O: participarán como "movilización" (no como referéndum), pero no harán un llamamiento a la participación, porque consideran que las cosas no se han hecho bien. Esta era la propuesta de la ejecutiva de la formación, y se ha impuesto. Este no es el referéndum que merecen los catalanes, insisten. Como otras veces, han optado por el camino del medio.

Muy diferente fue la postura que el Consejo Ciudadano de Podem Catalunya -que todavía no se ha integrado en CatComú- adoptó dos días antes por unanimidad: participar "activamente" en la convocatoria del referéndum. "Las fuerzas progresistas no podemos permanecer neutrales", defendía su secretario general, Albano-Dante Fachin, que añadía: "La imposibilidad de hacer el referéndum no recae en nadie más que en la actitud irresponsable del Partido Popular". Harán campaña para una participación "masiva".

A continuación, era Pablo Iglesias, desde el Podemos estatal, quien salía a desautorizar lo que Fachin había dicho unas horas antes. "No hay que criminalizar esta movilización política, pero yo, si fuera catalán, no participaría en este referéndum", declaraba el secretario general del partido morado. Iglesias respetaba la decisión de Podem Catalunya, pero remarcaba que la postura de la dirección estatal de la formación coincidía con la expresada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.

Hay tres corrientes principales entre los comunes, que este sábado se tradujeron en tres documentos que se debatieron. Ganó el camino del medio, el más ambiguo

Hay tres corrientes principales entre los comuns, que este sábado se tradujeron en los tres documentos que se debatieron. El que ganó apostaba por el camino del medio. De los otros dos, uno de ellos, presentado por el sector más soberanista, pedía implicarse activamente como hará Podem; el otro, más próximo a las tesis de ICV, rechazaba el 1-O porque forma parte de la hoja de ruta de Junts pel Sí y la CUP. Estas discrepancias internas a veces se traducen en fuertes discrepancias públicas, por ejemplo las protagonizadas entre Albano-Dante Fachin (Podem) y Joan Coscubiela (ICV), ambos diputados por CSQP en el Parlament. De hecho, como grupo parlamentario, CSQP no asistió a la presentación de la ley del referéndum, pero sí los tres diputados de Podem y el de EUiA, Joan Josep Nuet.

Frente al posicionamiento adoptado por el partido de Ada Colau, justamente desde el mundo municipalista, han nacido iniciativas a favor del referéndum y de la independencia que giran en torno a los comuns. Esta misma semana se ha presentado República des de baix. Esta plataforma está integrada por las confluencias Guanyem Badalona (donde hay miembros de Podem y EUiA), Som Gramenet (Gent Gramenet y Podem), Sant Adrià en Comú (Podem, CUP y Partit Pirata), Compromís per Cerdanyola i Compromís per Ripollet. "Queremos la República catalana porque se ha demostrado que es la única vía para avanzar hacia la justicia social y la democracia real", defienden. "El 1 de octubre diremos 'sí' a la República Catalana porque es la única manera para construir una vida digna para los trabajadores y trabajadoras de nuestros barrios y ciudades".

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EFE

La división municipal del PSC

El PSC tenía un "sector catalanista" y llegó a defender el derecho a decidir. Incluso llegaron a constituirse corrientes internos, como Avancem  o Fòrum Cívic, que defendían estas tesis. Nombres como Marina Geli, Joaquim Nadal, Joan Ignasi Elena, Maria Badia, Montserrat Tura, Pia BoschErnest Maragall, identificados en este sector, tenían cabida. ¿Qué se ha hecho de todos ellos? Hoy solo queda Àngel Ros, y después de haber cambiado los principios que decía defender por otros.

El primer secretario Miquel Iceta ha pasado la apisonadora sobre toda crítica. También la ha pasado el PSOE por encima del PSC. Cuando el año pasado Nicaragua planteó la posibilidad de una vía canadiense para resolver el conflicto catalán, Ferraz no tardó en hacer aparcar estas aspiraciones. Después del nuevo protocolo de relaciones, ya nadie habla de Quebec. A nivel nacional, el PSC ha conseguido silenciar la disidencia. A nivel local, es otra historia.

El PSC llegó a tener un "sector catalanista" y llegó a defender el derecho a decidir. Hoy ya no queda nada

Además de Àngel Ros, otros alcaldes han salido a defender la postura oficial adoptada por el partido con respecto al 1 de octubre. El alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, ha rechazado la cesión de espacios municipales para la celebración del 1 de octubre. "¿Referéndum? No sé de qué me habla", ironizaba en una entrevista en Catalunya Ràdio. Balmón justificaba que solo se sentía interpelado a votar cuando recibía una tarjeta censal. En la misma línea, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, advertía que los ayuntamientos socialistas no colaborarían en el plebiscito.

Sin embargo, hay alcaldes que se han rebelado contra el posicionamiento oficial del partido. Es el caso del alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, quien aseguró en declaraciones a El Nacional que irá a votar el 1 de octubre, "aunque me cueste el carné y a pesar de lo que pueda decir el partido". También es el caso del alcalde de la Torre de Capdella (Pallars Jussà), Josep Maria Dalmau, quien ha afirmado que tiene previsto ir a votar y que cederá el local donde siempre se ha votado si la Generalitat se lo pide.

De hecho, el 6% de los alcaldes de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) son del PSC. Son un total de 51 alcaldes socialistas, con una población conjunta de unos 445.000 habitantes. Entre estos alcaldes están los de l'Escala (Alt Empordà), Sant Just Desvern (Baix Llobregat), Malgrat de Mar (Maresme) y Terrassa (Vallès Occidental).

¿Qué dicen los votantes?

Los votantes comuns muestran la misma división en torno a la independencia que sus dirigentes. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 29% de sus electores votaría a favor de una Catalunya independiente, mientras que el 57,4% lo haría en contra (que incluye opciones como la federal). La cosa cambia cuando se pregunta por el referéndum. Una encuesta de El Periódico señalaba el pasado enero que el 62% de sus votantes era partidario de un referéndum unilateral y el 71% creía que en España no había democracia si no lo permitía.

El PSC, en cambio, tiene menos problemas en este sentido. Según el CEO, el 10,7% de sus votantes votaría a favor de un Estado independiente y el 87,8% lo haría en contra. Sin embargo, el 72,2% de sus simpatizantes apuesta por  el ejercicio del derecho a decidir de manera acordada con el Estado español y el 33% iría a votar en un referéndum aunque no fuera pactado con Madrid.