Siguiendo la vieja técnica de la gota china, Esquerra Republicana persiste en el goteo de denuncias contra la justicia española y sus derivadas en instancias europeas. Si la semana pasada los republicanos hicieron llegar a varias instituciones un informe relativo a la persecución abierta por el Tribunal de Cuentas, este jueves ha seguido la presión con una carta de sus eurodiputados al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. El propio Carles Puigdemont, uno de los perseguidos, ha pedido también la implicación directa del Parlamento Europeo y tiene previsto denunciar el caso a la justicia belga.

 

Diana Riba ―que además de diputada europea es la pareja del exconseller Raül Romeva― y Jordi Solé ponen de manifiesto en su escrito que el organismo fiscalizador del Estado "no es un tribunal de pleno derecho", en tanto que sus miembros no son jueces, sino representantes escogidos por el Congreso y el Senado, con mayoría del PP y el PSOE. Al mismo tiempo, alertan de su politización, señalan que muchos de los que lo integran habían formado parte de anteriores gobiernos y resumen que detrás del Tribunal de Cuentas se esconde una auténtica estructura sustentada en el "nepotismo".

El voto particular

Tras exponer la causa concreta abierta contra los 34 altos cargos de los gobiernos Mas y Puigdemont ―ambos incluidos, como también Junqueras, Romeva o Mas-Colell― por la acción exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2017, comparten con el comisario el contenido del voto particular de una de las miembros del Tribunal de Cuentas. María Dolores Genaro cuestionó la sanción millonaria impuesta por sus colegas porque consideraba que no había pruebas suficientes, que no se había sido imparcial y que la resolución dictada rezumaba exageraciones. De hecho, Genaro concluía que la Generalitat no se había extralimitado de su ámbito de competencias.

Por todo ello, los eurodiputados de ERC solicitan al comisario Reynders que intervenga urgentemente para "parar esta absurdidad, proteger las vidas, las propiedades y la reputación de todos los encausados" y evitar a tiempo que sean víctimas "de un daño irreparable".

El 21 de julio, límite para las fianzas

Justamente dentro de una semana, el miércoles 21 de julio, es la fecha límite para que los afectados depositen la fianza que les exige el Tribunal de Cuentas y que se dispara hasta los 5,4 millones de euros. Para evitar que sean embargados, el Govern ha impulsado un fondo complementario de riesgo dotado con 10 millones de euros que tiene que servir para avalarlos, como si se tratara de un seguro privado.

En la imagen principal, Junqueras, Romeva y Bassa ante el Parlamento Europeo / M. Puig