El Congreso de los Diputados ha tumbado este miércoles la proposición de ley del PSOE que pretendía reducir la tasa máxima de alcohol al volante hasta los 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre. La intención era que este límite afectara a todos los usuarios, independientemente del tipo o la antigüedad del permiso de conducción. La iniciativa ha sido descartada con los votos en contra de Esquerra Republicana, el PP y Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha estado debatiendo internamente hasta el último minuto qué hacía con esta ley. De hecho, la iniciativa pasó el primer filtro de la cámara baja hace justo un año tomándose en consideración con el voto afirmativo de todas las formaciones de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez. Entonces, los populares se abstuvieron.
La ponencia de la propuesta, que pretendía modificar unos límites aprobados en 2003, ha decaído en la Comisión de Interior. A la comisión se le había otorgado facultad legislativa plena, de manera que lo que se votaba este miércoles iba a misa; no era necesario hacerlo pasar por el Pleno. En su intervención, la diputada republicana Inés Granollers ha argumentado que el índice de alcoholemia debería ser “cero-cero”. “Esta ley no evitará los accidentes y generará frustración”, ha defendido, diciendo que la propuesta es poco ambiciosa.
El partido de Oriol Junqueras propone jubilar a los conductores profesionales mayores, hecho que evitaría muchos accidentes. Asimismo, reclaman medidas para acabar con las listas de espera para conseguir licencias de conducción, que en Catalunya suman unas 10.000 personas pendientes de examinarse. “Hay muchas otras formas de evitar accidentes”, ha resaltado antes de pedir más inversiones en las carreteras catalanas como la AP-7 o la A-2. En el caso del PP, han argumentado que la propuesta no estaba bien planteada e incorporaba "deficiencias técnicas".
Una ley que iba más allá de la tasa de alcohol en aire y sangre
Uno de los aspectos que también pretendía sancionar la ley eran los grupos en redes sociales o en aplicaciones de mensajería instantánea que advierten a otros conductores sobre la ubicación de los controles de alcoholemia. Durante el debate de hace un año, las formaciones que defendían limitar aún más el consumo de alcohol recordaban que, por culpa de estos avisos en redes sociales, la policía tiene problemas para sancionar a conductores jóvenes, mientras que es de los colectivos con más muertes en la carretera a causa de su consumo de alcohol.
Entonces, Junts per Catalunya aseveró que estaba a favor de sancionar estos avisos, pero advirtió que el redactado de la ley era demasiado ambiguo y que podía interpretarse que también se podría sancionar cualquier aviso sobre presencia policial de cualquier tipo.