Esquerra Republicana continúa en su particular ofensiva para revertir todas las reformas que el PP ha impuesto en estos últimos 4 años, gracias a su mayoría absoluta. Ahora es el turno de la última reforma de la justicia universal que impide a los jueces españoles investigar los delitos cometidos más allá de las fronteras del Estado. Por este motivo, los republicanos han registrado en el Congreso una proposición de ley donde se pide "revertir" las últimas modificaciones para "reinstaurar una auténtica jurisdicción universal" que permita a la justicia investigar los crímenes internacionales "sin límites".
"Se pretende que los jueces y tribunales españoles, a lo que crímenes internacionales se refiere, puedan ejercer su jurisdicción independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del lugar en el cual fueron cometidos los presuntos delitos", según recoge el texto.
En este sentido, ERC defiende la justicia universal como una "conquista irrenunciable". Los republicanos consideran que se tiene que preservar "con independencia de la nacionalidad o residencia de las personas agresoras y de sus víctimas". Además, argumentan que el Estado español tiene el "deber" de hacer comparecer ante la justicia a los autores de delitos de derecho internacional".
La encargada de registrar el escrito ha sido la diputada, Ester Capella. En el texto se critica los cambios que se hicieron sobre este tema, tanto por parte del gobierno de Zapatero en el 2009 limitando el ámbito de actuación al introducir la exigencia de una conexión relevante con España, como el 2014, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy "llegó a liquidar el principio de jurisdicción universal.
ERC considera que España no puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por la cual la jurisdicción universal "no tiene condicionamientos ni limitaciones en razón de país o sujetos activos o pasivos del delito".
Casos archivados
A raíz de esta reforma expres del PP, que se quedó solo para tramitarla, han sido diversas las causas internacionales que han sido archivadas, y por lo tanto, el juez no ha podido seguir investigando. Por una parte, la Audiencia Nacional decidió en junio del 2014 que el juez Ismael Moreno no continuara con el caso que investigaba las denuncias por genocidio de China en el Tíbet.
De hecho, estas investigaciones tensaron las relaciones diplomáticas con el gigante asiático. Precisamente por este motivo, para evitar un conflicto con las autoridades chinas, el PP puso en marcha rápidamente la reforma que limita la justicia universal.
Otro caso archivado, la investigación por la muerte del cámara José Couso por militares norteamericanos en Bagdad en abril del 2003, durante la invasión de Irak.
Pronto hará un año que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se vio obligado a archivar la causa por la reforma que restringe drásticamente la capacidad de los jueces españoles de perseguir delitos cometidos fuera de su territorio.
De hecho, en su acto, el magistrado constató que la reforma “impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español excepto en el difícil supuesto que los presuntos responsables se hayan refugiado en España”.
El juez recordaba que los crímenes de guerra quedan impunes en España “a pesar de los múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de delitos”.
También el juez José de la Mata decidió archivar el caso Guantánamo que indagaba las torturas que sufrieron cuatro presos, un español y marroquí residente en España, en este penal de los Estados Unidos.