Esquerra Republicana ha conseguido que el Congreso de los Diputados inste al gobierno español a derogar la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, y a volver al texto anterior del año 92 (ley Corcuera) para que así como mínimo las fuerzas de seguridad no se queden sin un instrumento legal, según han explicado también después fuentes socialistas.
La comisión de interior del Congreso ha aprobado la petición, con los únicos votos en contra del PP y del diputado de UPN. Después de una negociación entre el grupo proponente, ERC, y el PSOE, la proposición no de ley también solicita al Ejecutivo paralizar de manera "inmediata" las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, ya que estas prácticas no se ajustan a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España.
El diputado de ERC Gabriel Rufián ha sido el encargado de defender la propuesta. El republicano ha calificado la ley mordaza como "la más indignante y reaccionaria de cuántas iniciativas ha aprobado este rodillo legislativo absolutista del gobierno del PP". Una ley que "hace bueno a uno de los más restrictivos ministros del Interior (José Luis Corcuera), con el permiso del inefable Jorge Fernández Díaz," ha denunciado.
Desde el PSOE, el diputado José Miguel Camacho se ha opuesto a la normativa que entró en vigor en julio pasado porque no respeta derechos fundamentales como los de expresión, manifestación y huelga, y otorga a la administración un doble papel: "El de juez y parte". "La derogación total no tendría mucho sentido, pero sí derogar todo lo que el PP introdujo como ley mordaza", ha justificado el socialista.
Ciudadanos tampoco cree necesaria la derogación total, pero sí la de aquellos artículos que suponen, a su juicio, una "limitación grave de los derechos ciudadanos", ya que se atenta contra la separación de poderes, ha explicado el diputado de Ciudadanos Diego Clemente.
Podemos sí que pedía la derogación, aunque también han apoyado la proposición final por entender que la ley del PP supone un paso atrás en la tendencia internacional de defensa de los derechos y libertades. Mientras tanto, el PP ha atribuido esta petición de derogación a la demagogia de los partidos para "obtener un rédito político" en una materia que es cuestión de Estado.