El desbarajuste con las pruebas PISA ha abierto una nueva crisis política en el Parlament, con el Govern y el PSC quedándose solos en la defensa de la gestión, mientras el resto de grupos de la oposición cargan con dureza contra la consellera de Educació, Esther Niubó, y exigen responsabilidades políticas. Las críticas se centran tanto en el error que ha invalidado parte de la muestra como en los meses de silencio antes de hacerlo público. Desde Junts per Catalunya, la diputada Anna Erra ha hecho una de las intervenciones más duras, poniendo en duda toda la cadena de control del Departament. "Nos quiere hacer creer que durante meses nadie revisó el proceso ni levantó la mano", ha denunciado, cuestionando quién debe asumir responsabilidades. Erra ha advertido que, cuando un Govern conoce unos resultados preocupantes y a la vez excluye una cuarta parte de la muestra, "es inevitable que aparezcan dudas" sobre si ha habido incompetencia o una voluntad deliberada de maquillar la realidad.
La diputada también ha cargado contra lo que considera una gestión errática y opaca: "Quizás es que se estimaron más no tener resultados que tenerlos malos". Ha lamentado que Catalunya haya hecho "el ridículo ante la comunidad internacional" y ha denunciado que, por culpa de esta situación, no se dispondrá de datos fiables para avanzar. Erra ha ido más allá preguntando quién validó el proceso y si realmente es creíble que 51 centros se equivocaran de la misma manera, apuntando a un "escándalo" si nadie lo supervisó. También ha criticado el calendario de la comunicación, acusando el Govern de haber "jugado intencionadamente con el tiempo" anunciándolo a las puertas de las vacaciones. Finalmente, ha concluido que la consellera "no está capacitada" y le ha exigido la dimisión. En la réplica, los juntaires también han anunciado que solicitarán la comparecencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, ante lo que consideran una falta de asunción de responsabilidades.
ERC sube el tono contra Niubó y el PP la acusa de "trilerismo"
En una línea similar, Esquerra Republicana de Catalunya ha calificado el episodio como uno de los más graves de los últimos años. La diputada Irene Aragonès ha criticado la falta de autocrítica y transparencia del Departamento: "Que se conozca desde el mes de marzo y ni el Parlament ni la comunidad educativa tengan conocimiento no es un problema técnico". Según Aragonès, el hecho de que el error atraviese toda la estructura administrativa sin ser detectado evidencia un fallo sistémico. ERC ha remarcado que Catalunya pierde una oportunidad clave para compararse internacionalmente y evaluar si las medidas adoptadas después de los malos resultados de 2022 funcionaban. "No estamos ante una pequeña desviación, sino de casi cinco veces más que los estándares internacionales", ha subrayado. La diputada ha puesto el foco en la gobernanza del sistema, preguntando dónde estaban los mecanismos de control y quién tenía que supervisar el proceso. También ha denunciado "cuatro meses de silencio" y ha criticado que cada nueva explicación del Departamento genere más dudas. Con todo, ha reclamado que las responsabilidades no recaigan en docentes o centros, sino en los responsables políticos.
El diputado del Partido Popular, Cristian Escribano, ha acusado directamente al Govern de haber actuado con voluntad de engañar. "Ustedes han recurrido al trilerismo ante los malos resultados", ha afirmado, asegurando que "se han volatilizado uno de cada cuatro alumnos" y que el ejecutivo tenía "pánico" a evidenciar la caída del sistema educativo. Escribano ha denunciado que el caso se conoció a través de los medios de comunicación y no por iniciativa del Govern, y ha apuntado que el ejecutivo confiaba en que el verano "lo taparía todo". También ha preguntado quién dio la orden de ocultar la información al Parlament, señalando posibles responsabilidades al más alto nivel. Según el PP, la consecuencia será que Catalunya quedará "seis años a ciegas" sin datos comparables. El diputado ha reprochado a Niubó que no haya asumido ninguna responsabilidad y ha reclamado su dimisión por "mentir, por la incompetencia y por culpar a los docentes".
Por parte de los Comuns, la presidenta del grupo, Jéssica Albiach, ha lamentado la falta de respuestas claras. "Saldremos más indignados por la falta de claridad e información", ha asegurado, criticando que la consellera se escude en investigaciones abiertas cuatro meses después de conocerse el problema. Albiach ha remarcado que este tiempo debería ser suficiente para identificar qué ha fallado en la cadena de mando. La líder de los Comuns ha calificado el caso de "error muy grave" porque impide la comparación internacional y ha denunciado que el Govern esperara hasta finales de julio, con la comunidad educativa de vacaciones, para hacerlo público. También ha situado este episodio en un contexto más amplio de pérdida de confianza en el sistema educativo y ha cuestionado los criterios de exclusión de alumnado, advirtiendo que pueden convertir las pruebas en "unas pruebas a la carta".
Desde Vox, el diputado Manuel Acosta ha exigido la dimisión inmediata de la consellera, calificando los hechos de "extremadamente graves". Ha acusado al Departament de haber actuado con "ineptitud política y profesional" y ha denunciado que el Govern conocía desde marzo que la muestra no cumplía los criterios de la OCDE y, a pesar de ello, "ocultó información" y continuó el proceso. Acosta ha puesto en duda la versión de la "incidencia técnica" y ha sugerido que podría responder a una estrategia para evitar la publicación de malos resultados. "La negligencia del Govern impedirá saber si la educación en Catalunya ha mejorado o continúa hundiéndose", ha afirmado.
Desde la CUP, la diputada Pilar Castillejo ha criticado tanto la gestión como el modelo, asegurando que el Govern presenta PISA como una herramienta clave, pero "no garantiza las condiciones mínimas para aplicarla". Ha cuestionado los criterios de exclusión de alumnado y ha reclamado la dimisión de la consellera. La diputada de Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, ha calificado la situación de "fracaso institucional" y ha asegurado que el Govern quiere "esconder la realidad". Según Soberana, Catalunya quedará "seis años a oscuras" y ha llegado a pedir la convocatoria de elecciones.
El PSC sale en rescate de Niubó
Ante esta avalancha de críticas, el PSC ha salido en defensa de la consellera. La diputada Gisela Navarro ha reconocido que se trata de una "incidencia importante", pero ha acusado a la oposición de querer "maximizarla" y de hacer una "sentencia política" precipitada. Navarro ha defendido que el Govern está dando explicaciones y ha abierto una investigación, reivindicando que "gobernar es dar la cara cuando se producen errores".