El Servei de Salut de les Illes Balears compró mascarillas a la empresa que está en el epicentro del caso Koldo a raíz de una recomendación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El equipo de Francina Armengol ha decidido contraatacar las múltiples acusaciones que relacionan a la expresidenta balear con el caso Koldo, y que han llevado el PP a exigir vehemente su dimisión, y ha expuesto su versión de los hechos. En un encuentro con los periodistas en el Congreso de los Diputados, el número dos del Govern de Armengol y persona de la máxima confianza de la dirección socialista en las Baleares, Iago Negueruela, denuncia una “operación de cacería” contra el ejecutivo que presidía Armengol y asegura que la recomendación de comprar mascarillas a Solucionas de Gestión y Apoyo a Empresas procedía del ministerio que en aquel momento estaba liderado por José Luis Ábalos.
El actual portavoz del PSIB en el parlamento balear argumenta que el Ministerio de Transportes les dijo que había un envío de material sanitario dirigido a diferentes instituciones, cosa que tenía una “fiabilidad muy alta” y “más credibilidad” que la información que les llegaba de otras fuentes. Sin embargo, afirma tajantemente que no recibieron “ninguna presión” por parte del ministerio para contratar dicha empresa y destaca que Ábalos “no tenía capacidad para presionar” el gobierno balear: “Nadie nos ha presionado nunca para hacer ninguna compra”. Asimismo, desconoce qué persona en concreto hizo la llamada original recomendando Solucionas de Gestión y Apoyo en Empresas e indica que el IB-SALUT (el Servei de Salut de les Illes Balears) estaba en contacto con Iñigo Rotaeche, el titular de la empresa protagonista del caso Koldo (y que fue detenido y puesto en libertad sin medidas cautelares hace unos días) sin tener conocimiento de la supuesta trama. “Nadie sabía que lo que decía el ministerio podía tener una confabulación detrás”, sentencia, y añade que han sido “engañados” y sienten “decepción, vergüenza e indignación”.
En cualquier caso, deja claro que ni la presidenta ni ningún consejero “conoce un expediente de 3,7 millones de euros”, que se llevaba desde la dirección del IB-SALUT, y concreta que este fue “un contrato de urgencia más” de los que se firmaron durante los tres primeros meses de la pandemia, que ascendieron a “más de noventa millones de euros”. En la línea de la defensa que hicieron la semana pasada Armengol y su círculo más próximo, Negueruela ha argüido que “verificar el material, almacenarlo cuando caducó para poder exigir la devolución (cuándo sería más fácil destruirlo) e iniciar la reclamación no es formar parte de una trama”.
El gobierno balear quería material para uso “extrahospitalario”
En todo momento, el IB-SALUT quería adquirir material para un uso “domiciliario y extrahospitalario” y, en este caso concreto, nunca quiso comprar para el personal sanitario, como consta, según esgrime Negueruela, “en los documentos de contratación y de recepción”. Ahora bien, compraron mascarillas KN95/FFP2 y, en lugar de eso, recibieron mascarillas quirúrgicas, de una calidad inferior. Así lo certificó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por este motivo, el IB-SALUT decidió reclamar. En una primera carta de marzo de 2023, Antoni Mascaró, subdirector de la Central de Compras y Logística, informa a Solucionas de Gestión que, “habiendo detectado que las mascarillas suministradas no cumplen los requisitos técnicos de una mascarilla FFP2, se tomarán las medidas oportunas para indemnizar al Servicio de Salud de las Islas Baleares”.
Ahora bien, uno de los hechos que ha suscitado más dudas y en el cual el PP ha puesto más el dedo en la llaga ha sido el hecho de que la reclamación empezará tan tarde. Iago Negueruela esgrime que el IB-SALUT estaba en un momento “hipersaturado por todas las contrataciones” derivadas de la pandemia y la administración estaba dedicada a comprar material: “Firmaba y compraba, firmaba y compraba”. “Se estaba con otros procedimientos, se tuvieron que revisar los contratos de emergencia, se tuvo que contratar todo el material necesario, las centrales de compra estaban saturadas y colapsadas y nadie tenía en la cabeza si había operaciones irregulares detrás de las contrataciones que se hicieron”, justifica.
La respuesta tardó cuatro días en llegar. La empresa se defendía de las acusaciones y consideraba “completamente extemporáneo e improcedente” que, en el marco de una contratación de emergencia, se les comunicara “casi tres años después unos supuestos defectos en el suministro realizado, sobre la base de un análisis de mascarillas FFP2 que no fueron las suministradas”.
Finalmente, la propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato tiene fecha del 6 de julio del 2023, el día que la popular Marga Prohens fue investida presidenta de las Islas Baleares. El escrito añadía un nuevo argumento. Detallaba que la compensación no se había podido reclamar con anterioridad porque “la pandemia seguía vigente” y no fue hasta mayo del 2023 que la OMS declaró su fin: “En estos momentos y ante el final de la situación pandémica se procede a solicitar esta compensación”, rezaba el documento, que justificaba que entre el precio pagado de las mascarillas FFP2/KN95 y el precio medio de compra de mascarillas quirúrgicas había una “diferencia sustancial” de dos euros la unidad. Como desde el primer momento, desde el equipo de Armengol insisten que la reclamación se hizo dentro del plazo reglamentario (que era de cuatro años), que se informó en todo momento de este expediente al gobierno del PP entrante y que, en cualquier caso, este habría caducado por la negligencia del ejecutivo popular.
El documento que certificaba el suministro había sido “satisfactorio” era “una copia y pega” que nunca negaron a ninguna empresa
En relación con el escrito de agosto de 2020 en el que el Govern de Armengol avalaba oficialmente la empresa Solucionas de Gestión y certificaba que los suministros de la empresa se habían hecho de “forma satisfactoria”, Iago Negueruela replica que “no quiere decir nada” y “no significa que no se pudiera reclamar”. Añade que la empresa no ha hecho referencia a aquel documento en ningún momento y cuenta que en ocho años nunca lo negaron a ninguna empresa, aunque hicieron “muchas reclamaciones”, dado que lo normal era que la reclamación fuera posterior. “Tenemos decenas de copias iguales porque a cada empresa que solicitaba eso se le daba de esta forma. El funcionario hacía un copia y pega y el documento lo firmaba el subdirector”, relata.
Las mascarillas adquiridas por el IB-SALUT se guardaron en un almacén en las antiguas dependencias de Son Dureta como stock para “uso civil domiciliario” y para poder ponerlas a disposición en cualquier momento. “Había la premisa de la OMS y de los ministerios de no devolver ni tirar material sanitario”, subraya Iago Negueruela, que también puntualiza que para poder seguir, paso a paso, la desescalada, tener material en stock era de “vital importancia” porque “la apertura se podía basar en el hecho de que se tuviera material”. ¿Y, entonces, por qué no se llegaron a utilizar? Porque iban recibiendo partidas de material que “eran de más calidad” y que era el que ponían “en circulación”. Con el paso de los meses, el material llegó a caducar, pero, a diferencia de lo que se hacía normalmente, no se tiró para poder reclamar posteriormente y porque había “un informe de un ministerio que decía que, en caso de escasez, se podía utilizar material caducado”.