Sílvia Orriols hace gala de que el partido que preside, Aliança Catalana, no es una formación de extrema derecha porque, a diferencia de Vox, por ejemplo, defiende la plena igualdad de derechos para todas las personas con independencia de su sexo, género u orientación sexual. Pero lo cierto es que en su formación no hay unanimidad sobre la cuestión, como se ha evidenciado este jueves en el Parlament de Catalunya. El pleno de la Cámara catalana ha aprobado la ampliación del régimen sancionador de la ley para garantizar los derechos de los colectivos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. Han votado a favor los grupos impulsores de una proposición de ley para modificar la normativa vigente, PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP. Y lo han hecho en contra el PP, Vox y AC. En el caso de esta última formación, sin embargo, no todo el mundo ha votado igual, y ni siquiera ha votado, a pesar de que Aliança solo tienen dos representantes.

Así, mientras la diputada de Alianza Rosa Maria Soberana ha rechazado la proposición de ley, coincidiendo con los populares y Vox, la líder de AC ni siquiera ha votado, a pesar de estar presente en el hemiciclo. Una demostración de equilibrios extremos que contrasta con la contundencia del discurso de Orriols sobre la persecución de las personas homosexuales en los países de mayoría musulmana. O con el hecho de que el Ayuntamiento de Ripoll, del cual Orriols es alcaldesa, se haya sumado al Día del Orgullo gay colgando en el balcón la bandera del arcoíris. Incluso, AC llegó a expulsar a su alcalde en Ribera d'Ondara (la Segarra), Albert Puig, por haber tildado de "cáncer" al colectivo LGTBI.

Gesto calculado de Orriols

¿Por qué, pues, Orriols se ha abstenido de votar la proposición para ampliar los derechos de las personas LGTBI? ¿Ha reculado en su discurso liberal-progresista sobre el género y el sexo? Con un gesto más que calculado, Orriols se ahorra la coincidencia plena con la derecha y la extrema derecha españolista. Y, al mismo tiempo, evita alejarse de los segmentos del electorado y de su propio partido críticos con la que consideran una actitud "woke" del resto de formaciones en el tratamiento de la diferencia sexual o de género. El resultado es que Orriols no ha votado la ampliación de sanciones por vulnerar los derechos de las personas LGTBI. No en vano, Aliança aspira a convertirse en un partido catch-all que atraiga el voto de independentistas y españolistas o partidarios y adversarios de los derechos LGTBI, eso sí, unidos por la abierta islamofobia que profesa la formación y el discurso antisistema y antiprocessista. 

Qué dice la nueva ley

La nueva ley, que deroga la anterior, vigente durante 11 años, se propone garantizar la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y hacer efectivo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género. La modificación amplía el régimen sancionador incrementando los supuestos de vulneración de los derechos, tipificados según la gravedad y con sanciones de entre 300 y 500.000 euros. El articulado también establece el derecho de reparación a la víctima y define una protección específica para las personas trans e intersexuales. También explicita el deber de las administraciones públicas de crear espacios de memoria democrática del movimiento LGTBI y las personas trans y reparar la visibilización de las lesbianas.