Carles Mundó, conseller de Justicia, tiene una visión técnica, además de política, de todo el proceso soberanista y de su traslado a los tribunales. Es abogado y ve cómo se han movido los hilos para dar un castigo ejemplar para frenar el movimiento independentista. La judicialización de la política, las piezas que ha movido el Ejecutivo de Rajoy y la instrumentalización de la Fiscalía lo llevan a pensar que Artur Mas acabará condenado.

En paralelo, el Departamento que dirige Carles Mundó trabaja para sacar adelante su parte, imprescindible, para culminar la hoja de ruta con el cambio de legislación. Tiene los jueces catalanes bajo su paraguas y no todos son partidarios del procés.

¿Cuál es la percepción del conseller del proceso judicial del 9-N?

Es la percepción que a nivel general tienen los ciudadanos. Están dando una respuesta judicial a una cuestión que es estrictamente política y que no tiene ninguna justificación procesal ni legal, y mucho menos una cuestión que se pueda explicar en términos penales. Vale la pena recordar que el caso del 9-N se inicia después de que la Fiscalía de Catalunya se negara a presentar una querella, y que fue a instancias de la Fiscalía General del Estado, y forzando la situación que semanas después acabó con la dimisión del fiscal general del Estado por la incomodidad que suponían las injerencias del gobierno, que esta querella se acabara presentando. Es un error del Estado insistir en la vía penal para resolver un conflicto que es de naturaleza política y todavía es más grave si los hechos que se imputan es haber facilitado que la gente se pronunciara en un proceso participativo, en este caso, sobre el futuro político que los ciudadanos desean para Catalunya.

La parte que investiga Mas, Ortega y Rigau se juzgará en Barcelona. ¿Cómo valora que el Tribunal Supremo descartara quedarse toda la pieza y hacer el juicio en Madrid?

En lógica jurídica habría sido más comprensible que esta cuestión, si el Tribunal Supremo lo estaba investigando, se acumulara toda allí. El tribunal debió valorar cuestiones de oportunidad porque si hubiera hecho una valoración jurídica, la decisión hubiera sido otra. Cuestiones de oportunidad, que entiendo que tienen que ver en el fondo con la incomodidad que tienen los tribunales. Genera incomodidad porque se entiende que ésta es una cuestión de naturaleza política, esencialmente, y que los tribunales no lo resolverán.

Se tendría que resolver por la vía política...

Será el diálogo abierto entre el Gobierno español y el Govern de Catalunya el que resuelva un contencioso político legítimo que tiene un apoyo ciudadano inmenso. Los tribunales muchas veces son víctimas de la judicialización de la política. Los recursos no van solos. Alguien los presenta. El Tribunal Constitucional conoce los recursos que le presenta el Gobierno del Estado. Si el Gobierno del Estado, si el gobierno del PP, no recurriera sistemáticamente al TC para gestionar la cuestión de Catalunya, el Constitucional no se tendría que pronunciar. El PP utiliza al Tribunal Constitucional porque ha dimitido de hacer política y gestionar políticamente la cuestión de Catalunya alejándose del planteamiento que David Cameron y el gobierno escocés hicieron, ahora hace dos años, cuando intentaron resolver una cuestión política por la vía política del referéndum.

"Es imaginable una condena a Mas, que sería absolutamente lamentable si se produce porque sería una profunda injusticia"

¿Una señal de esta incomodidad ha sido retirar de la acusación a Mas el delito de malversación de fondos públicos, que es lo que comporta más años de prisión? ¿Ha retrocedido el juez?

Es un intento de las instituciones del Estado de dar un mensaje a los ciudadanos y a los dirigentes políticos de Catalunya, de que están dispuestos, si hace falta, a actuar por la vía penal como mecanismo para disuadirlos de una voluntad política legítima. Este es el fondo de la cuestión. Con una reacción durísima con penas de prisión, la imagen de un expresident de la Generalitat condenado a una pena de prisión por poner urnas, básicamente perjudicaría, y mucho, a la persona interesada, pero en términos políticos sería una situación ingestionable por parte del Estado español a nivel internacional. Un Estado que condena a un presidente legítimo y que su delito es haber pedido la opinión a los ciudadanos, que eso se convirtiera en una pena de prisión, sería un escándalo democrático. Por lo tanto, yo creo que eso explica que lo que hacen es amenazar, pero al mismo tiempo intentar tener un relato a nivel internacional que puedan justificar.

No se deberían imaginar que el president Mas sería expresident en medio del proceso judicial...

Seguramente es así porque desde Madrid se ha impuesto una lógica muy alejada de la realidad, pensando que el independentismo en Catalunya se explica por una persona o por otra, sin entender que éste es un movimiento muy transversal, muy mayoritario en la sociedad catalana. Y que su futuro no se explica por la suerte o la desdicha de una persona o un gobierno. Sino que es un movimiento que ha venido para quedarse hasta alcanzar la victoria. Porque después de un gobierno viene otro, después de una mayoría puede venir otra. Pensar que eliminando al representante político más visible se elimina el movimiento es directamente un error de análisis y de percepción, y, por lo tanto, partiendo de un error en la premisa, se toman decisiones equivocadas.

¿Cómo acabará?

Visto como han ido las cosas es fácil creer que se querrá dar una respuesta ejemplar. Es imaginable una condena a Mas, que sería absolutamente lamentable si se produce porque sería una profunda injusticia. El PP lo que ha hecho es intentar ganar en los despachos y en los tribunales lo que le han negado los ciudadanos de Catalunya en las urnas.

Como conseller de Justícia tiene un encargo muy claro, que es seguir la hoja de ruta que lleva a culminar el procés soberanista. ¿Cómo se tienen que hacer a nivel judicial las estructuras de Estado?

Ciertamente el objetivo es complejo. La respuesta la encontraremos en la ley de transitoriedad jurídica. De la misma manera que se establecerá cuál es el funcionamiento de la administración de Justicia se establecerá cuál es el funcionamiento de otros órganos, estamentos y como funcionarán determinadas infraestructuras. El proceso que se lleve a cabo tiene que garantizar la seguridad jurídica y que haya un marco legal legitimidado por el Parlament de Catalunya.

¿Pero ve un buen entendimiento con los jueces para hacerlo posible?

Habrá de todo. Habrá jueces que rechazarán la nueva legalidad. Lo que importa en este procés es cómo se hacen las cosas y, lo que es más relevante, que si un parlamento legítimo y democrático acuerda cuál es el funcionamiento de Catalunya, ésta será la legislación vigente y la que habrá que aplicar.

El escenario ideal sería un referéndum. Un referéndum pactado"

Debe tener mucho que ver en cómo acaba este procés. ¿Cuál es el desenlace?

Mientras la hoja de ruta no se modifique porque se entienda que hay maneras mejores, esta es la hoja de ruta válida. La fórmula más válida sería la celebración de un referéndum. Esta es la manera normal en todos los lugares donde se quiere saber si los ciudadanos quieren o no ser independientes. La forma idónea sería la celebración de un referéndum.

¿Pactado?

La fórmula ideal sería hacerlo a la escocesa, con un referéndum pactado con el Estado, en que de una manera libre y con una campaña sin guerra sucia se pudiera conocer la opinión de los ciudadanos. Por lo tanto el escenario ideal sería un referéndum. Un referéndum pactado, pero el hecho de que en el otro lado, hasta hoy, se niegue el diálogo y la negociación, no es un motivo suficiente para renunciar a los objetivos legítimos que tengan la mayoría de los ciudadanos de Catalunya, que los tienen. Y sabemos que los tienen porque así lo han expresado en las urnas y lo expresaron ahora hace un año, el 27 de septiembre.

¿En la situación actual contempla un referéndum no pactado?

Es posible que se pueda producir un referéndum no pactado, es posible. Porque los ciudadanos de Catalunya tienen todo el derecho a poder dar su opinión sobre cuál es el futuro político que desean para su país. Seria un referéndum que se haría de acuerdo con la legalidad. Y la legalidad es la que salga del Parlament de Catalunya, si así se entiende que ésta es una buena opción. Porque no hay legalidades buenas y legalidad malas. Hay legalidades legítimas y democráticas, y otras que no lo son. Y es evidente que la legalidad que surja de un parlamento democrático, surgido de una participación con el 80% de los ciudadanos de Catalunya, con una mayoría que cuando se presentó a las elecciones explicó claramente cuál era su voluntad... Lo que legisle este Parlament, es una legislación legítima y perfectamente democrática.

La cultura de la transparencia no tiene marcha atrás. Ha venido para quedarse"

 

Catalunya ha dejado de ser el oasis catalán. Hace 7 años se destapa el espolio del Palau de la Música y detrás suyo varios casos de corrupción que también salpican prácticamente a todos los partidos políticos: Palau, Mercurio, Pretoria, Innova... Ahora estamos en las puertas del juicio en Fèlix Millet, que viene del año 2009...

...cosa que la gente no entiende, y me incluyo entre los muchos que no entendemos que una instrucción haya podido durar tantos y tantos años por compleja que fuera.

La ciudadanía no entiende que Millet y Montull estén todavía en su casa cuando confesaron el fraude...

Este es un reto que tiene la Justicia, demostrar más diligencia y en todo caso no es por falta de medios. En lo que el Departament de Justicia puede ayudar a hacer que se investiguen los casos de corrupción, si en un juzgado, sea en Sabadell, en Barcelona, en Reus, sea donde esté, reclama más medios porque hay una macrocausa el Departament facilita más medios. No pone ningún impedimento para que los juzgados tengan más recursos para resolver estas situaciones que hacen mucho daño a las instituciones, al crédito de la política y a un instrumento imprescindible en democracia que son los partidos políticos. Por lo tanto todos los medios que tengamos al alcance para ayudar a la Justicia para que realice su trabajo, nosotros los ponemos y los seguiremos poniendo. Y cualquier práctica corrupta que se haya producido se conozca, se juzgue y se señalen los responsables.

¿Cómo se puede solucionar definitivamente?

Hay gente que es corrupta y gente que no lo es. Y el que es corrupto tiene que ser castigado, tiene que devolver lo que se haya apropiado sin motivo, tenemos que ser absolutamente transparentes y exigentes con los responsables públicos, implantar las leyes de transparencia, tenemos que asumir códigos de buenas prácticas y códigos éticos de buena conducta. Lejos de ser palabras que se pueden cumplir o no, los que nos dedicamos a la gestión pública con honestidad tenemos el deber de ser transparentes y ser honestos y estar sujetos a una crítica superior a la de la media de la ciudadanía, porque es exigible que los responsables públicos respondan de su patrimonio y de cada decisión que toman.

La ley de transparencia, en este sentido, es una herramienta anticorrupción...

Esta ley tiene que servir para generar la conciencia de que la gestión pública y el dinero público se debe gestionar con transparencia y se tiene que poder hacer la trazabilidad del dinero desde que sale hasta que se gasta. La cultura de la transparencia no tiene marcha atrás. Ha venido para quedarse. Probablemente ayude más a prevenir, a evitar situaciones que ya han sucedido. Seguro que tendrá un efecto profiláctico y al mismo tiempo evitar malas prácticas y por supuesto la corrupción.

Se está haciendo un uso perverso de la Justicia"

 

¿Los jueces catalanes se pueden sentir presionados por los partidos políticos ante la investigación de algunos casos de corrupción?

Seguro que desde el Govern no se presiona a ningún juez para que tome la decisión que convenga a no sé quien. Y desde el ámbito que más conozco, seguro que ERC no da ninguna indicación a ningún juez. Afortunadamente, y que dure, no tiene la necesidad de preocuparse de ninguna imputación.

¿Cree que a veces se ha utilizado demasiado las figuras de los jueces para hacer una guerra política?

Si. Y especialmente en el ámbito municipal. Un recurso que a veces se utiliza para desgastar al adversario es el inicio de acciones penales, justificadas o no.

¿Se está utilizando demasiado el papel de la justicia?

Cuando haya base e indicio de malas prácticas hay que acudir a la Justicia. Cuando se utiliza la Justicia para intoxicar el debate político es evidente que se está haciendo un flaco favor a la política y a la Justicia. Y con respecto al procés catalán, se está haciendo un uso perverso de la Justicia. Se intenta dar una respuesta penal a un tema que es sólo político. Es evidente que puede haber una politización de la Justicia, como en el Tribunal Constitucional. Pero yo estoy convencido al mismo tiempo que los tribunales y los juzgados de instancia que no forman parte de las cúpulas son tribunales y jueces que actúan con total independencia. Pero los temas en los juzgados no van solos. Siempre hay alguien que los lleva.

Tenemos que separar la función de la OAC de las características lamentables de quien era su director"

Entre los últimos casos que se han llevado a los tribunales y que han sacudido a la opinión pública están las conversaciones entre el exdirector de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso y el ministro de Interior, Jorge Fernández Diaz...

La realidad de las cosas es que tenemos una visión de la Oficina Antifrau que tiene mucho que ver con el carácter que imprimió el anterior director, y ahora es comprensible que después de aquel escándalo haya una parte de la ciudadanía que tenga una mala opinión de la Oficina o que piense que no es útil para luchar contra la corrupción o las malas prácticas de la Administración. Tenemos que separar la función de la OAC de las características lamentables de quien era su director.

¿Hay que hacer más próxima a la ciudadanía la Oficina Antifrau?

La OAC es una buena herramienta que, por descontado, recibe y estudia las denuncias anónimas o identificadas que presentan los ciudadanos cuando consideran que en una administración se está produciendo una mala práctica, y el deber de la OAC es investigarlas para constatar si hay base para abrir un expediente y hacerlo. Es una suerte que como país tengamos un organismo como la Oficina Antifrau. La OAC es como el síndic de greuges, que todo el mundo puede acudir a él con normalidad. Es verdad que el reto que tiene el nuevo director es el de explicar que la OAC está abierta a todos los ciudadanos. No es que la tenga que hacer más próxima sino que habrá que hacer un esfuerzo de explicación de sus funciones.