La Asociación Contra el Olvido – Grupo de Apoyo a las Represaliadas del Patronato de Protección a la Mujer ha expresado su preocupación por el acto institucional que el Gobierno prevé celebrar el próximo 20 de marzo para reconocer a las mujeres represaliadas en este organismo franquista. Según la entidad, la iniciativa, tal como se ha planteado, se limita a “un gesto simbólico de reconocimiento, pero no cumple las condiciones para que pueda ser considerado un verdadero acto de reparación”, advirtiendo que no se están respetando los principios de “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”. El Patronato de Protección de la Mujer, activo entre 1941 y 1985, fue un instrumento de control y represión durante el franquismo, donde muchas mujeres fueron internadas durante años sin haber cometido ningún delito.

La entidad recuerda que, de acuerdo con los estándares internacionales, la reparación a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos debe ser completa. En este sentido, cita los Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas de 2005, que establecen que la reparación debe incluir “restitución de derechos, compensación económica, rehabilitación de las víctimas, medidas de satisfacción —como el reconocimiento público— y garantías de no repetición”. Según la Asociación Contra el Olvido, el acto previsto en Madrid solo cubre parcialmente esta última dimensión y deja de lado el resto de elementos clave. Además, critican que ni siquiera haya participación de las instituciones “victimarias”, hecho que, a su parecer, limita aún más el alcance real de la iniciativa.

La asociación intervino en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Igualdad el 21 de octubre de 2025. Paca Blanco, una de las supervivientes, explicó entonces que “en los reformatorios había muchas adolescentes violadas por su padre que tenían hijos de su padre y a aquellos padres no los podían encarcelar porque eran cabezas de familia. Estas chicas acababan bajo tutela del Patronato y podían pasar largas temporadas en la cárcel. "Podían llegar a pasar 25 años encarceladas sin haber cometido absolutamente ningún delito", señalaba la víctima.

Más allá del simbolismo

Ante esta situación, la asociación reclama un conjunto de medidas que vayan más allá del reconocimiento simbólico y que permitan una reparación real. Entre las principales demandas está la creación de una investigación oficial e independiente sobre el funcionamiento del Patronato y las vulneraciones de derechos humanos que se produjeron, así como el reconocimiento institucional pleno de las mujeres afectadas como víctimas de la represión franquista. También exigen acceso a los archivos —tanto públicos como eclesiásticos— para reconstruir la verdad, compensaciones materiales y apoyo psicológico para las supervivientes, así como la identificación de responsabilidades institucionales.

En el marco del Patronato también se robaban bebés, con los cuales se hacía negocio. En este sentido, el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa nombró a la senadora Laura Castel (ERC) como responsable de un informe sobre la desaparición forzada de bebés y niños en este período oscuro de la historia de España.